La violenta muerte de un dirigente de fútbol en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra llama nuevamente la atención sobre la aparente infiltración de actores criminales en espacios emblemáticos de la vida social de esa urbe. Se debería pensar en acciones policiales enfocadas en desbaratar de las bases financieras de las organizaciones criminales.
Algunos especialistas en la lucha contra el crimen organizado indican que uno de los vectores esenciales para lograr resultados en ese ámbito tiene que ver con el seguimiento, persecución y sanción de los manejos financieros asociados a las actividades delictivas más rentables. El mensaje es “persigue el dinero”, mecanismo mediante el cual se puede identificar redes criminales y dañarlas de manera mucho más eficaz que por otras vías.
Esta estrategia es aún más relevante cuando ciertos delitos, como el narcotráfico o el contrabando, tienen la capacidad de generar grandes excedentes económicos que pueden ser usados para su legitimación, en una amplia gama de negocios y actividades en los territorios cercanos a las zonas de producción o de transporte de mercancías ilegales.
Gracias al poder financiero que acumulan, los narcotraficantes o contrabandistas pueden transformarse fácilmente en actores relevantes de la vida social de ciertos territorios no solo para lavar sus recursos mal habidos, sino también para acumular estatus social e influencia política, que puede servirles luego para protegerse de la ley y de sus enemigos, o para alimentar sus deseos de reconocimiento social. Esto puede impulsar la aparición de zonas infiltradas por estos actores; y muchas actividades sociales corrientes, políticas, deportivas, recreativas o empresariales terminan relacionadas con fuerzas oscuras. De ahí a la generalización de la violencia y el ajuste de cuentas de manera permanente hay solo algunos pasos.
Lamentablemente, la gran urbe oriental tiene peculiaridades que la hacen muy vulnerable a estos fenómenos. Por caso, en los últimos años han aparecido varias denuncias del involucramiento de actores delictivos en conflictos sociales, manejos empresariales y hasta en la política y el Poder Judicial. Aunque aún en proceso de investigación, el asesinato del vicepresidente de Blooming tiene características propias de un ajuste de cuentas, pues según la Policía no hubo intento de robo durante el incidente.
Por todo lo señalado, urge encarar una acción investigativa más contundente y permanente de persecución del lavado de los recursos ilícitos y de la infiltración económica de grupos criminales en el tejido social y empresarial del país. Para ello se requieren métodos nuevos de investigación e instrumentos más especializados de observación y control de manejos y flujos financieros.
