Entre los ámbitos en los que el Gobierno Municipal Autónomo de La Paz menos éxito ha tenido está el del transporte de pasajeros. A más de seis años de promulgada la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano, ha quedado claro que, además de la indolencia y desacato de los choferes y sus sindicatos, la municipalidad paceña carece de fuerza para imponer dicha norma.
Tómese por ejemplo el caso del tarifario para radiotaxis aprobado en 2013, un año después de la promulgación de la citada ley municipal, en el que se establecía una tarifa básica de Bs 8 y el pago escalonado de Bs 3 a 5 por cada área atravesada. Nunca fue respetado por los conductores y las empresas para las que trabajan, de tal modo que los usuarios deben pagar lo que el conductor o la persona en la central telefónica consideran conveniente, al margen de que el monto sea razonable o no.
Este mismo grupo de choferes es el que hasta ahora se rehusa a cumplir con las condiciones mínimas requeridas para brindar el servicio, comenzando por el registro obligatorio ante el gobierno local y la obligación de portar en lugar visible la tarjeta de identificación del conductor. El Secretario Municipal de Movilidad informó que la Guardia Municipal de Transporte (GMT) emite un promedio de 40 boletas de infracción cada semana, lo cual no parece ayudar al cambio de conducta de los taxistas.
Igual o peor es la situación de los sistemas de transporte “masivo” (trufis, minibuses y micros). A inicios de 2016, los choferes de estos vehículos se beneficiaron con el incremento de las tarifas, pero hasta ahora no han cumplido los cambios que se comprometieron a realizar a cambio de este beneficio. Comenzando por la mejora en las condiciones de higiene y seguridad de sus automóviles y terminando en la eliminación del “trameaje”, que sigue tan vigente hoy como entonces. En este caso, la GMT emite cientos de boletas de infracción cada semana, sin que este modo de presión haya dado frutos.
En el camino, ni la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) ni la Policía Boliviana muestran interés en colaborar con la Alcaldía paceña en el control de los servicios de transporte. La impunidad de los choferes es tal que un dirigente de la Central Única de Transporte de Pasajeros se ha dado el lujo de amenazar con “enfrentamientos” si se concreta la introducción del servicio de transporte público Chiki Titi.
Ahora que el Gobierno Nacional ha decidido intervenir en la planificación urbana, es un tiempo más que oportuno no solo para permitir que los gobiernos municipales se hagan cargo de las competencias que la Constitución les asigna, sino también, y sobre todo, que les ayude a realizar esta tarea. El resultado solo puede ser beneficioso para la sociedad en general y para los grupos menos favorecidos en particular, pues éstos son los que más necesitan un transporte de calidad.
