La solicitud del Estado boliviano a la OEA para que se realice “una auditoría al cómputo de votos” del proceso electoral 2019 ha sido planteada como un factor para verificar la transparencia y legitimidad de dicho cómputo oficial de resultados, que concluyó este viernes al 100%. El tema está en agenda, aunque todavía no se ha definido su temporalidad ni alcance.
Esta auditoría, también solicitada por el TSE y respaldada por el Secretario General de las Naciones Unidas, es necesaria y saludable para despejar incertidumbre y dudas respecto a las actas y al cómputo departamental, en medio de tanto ruido y curiosas “pruebas” de fraude. Es fundamental por ello que todas las fuerzas políticas relevantes apuesten por esta verificación externa.
Claro que la auditoría al cómputo oficial de votos, que a diferencia del TREP se basa en actas físicas y no en un sistema de transmisión informática de datos, debe hacerse sin prejuicios ni condiciones. No tiene sentido una auditoría, y sería irresponsable hacerla, si la premisa es “fraude monumental” (sic), y la condición es emitir recomendaciones “de cara a una segunda vuelta” (sic).
Demás está decir que la OEA, al emitir una declaración apresurada fijando un posicionamiento político (además de inconstitucional), ya no es un actor confiable para realizar por su cuenta una “auditoría vinculante”. Además de la misión de la OEA, es imprescindible que participen expertos de la ONU, de países garantes, de organismos electorales. Y que todos respeten la verificación de actas.
