El viernes, Santa Cruz celebró su cuarto cabildo del siglo XXI. Vale recordar que los cabildos están reconocidos en la Ley de Régimen Electoral, que en su Art. 35 establece que “(…) son mecanismos constitucionales de democracia directa y participativa por los cuales las ciudadanas y ciudadanos, mediante reuniones públicas, se pronuncian directamente sobre políticas y asuntos de interés colectivo”; y agrega que “sus decisiones no son de carácter vinculante, pero deberán ser consideradas por las autoridades y representantes”. Para quienes, suspicazmente, le resten validez al cabildo del 4 de octubre porque no estuvo el Órgano Electoral, el Art. 37 de la mencionada ley aclara que éste “es competente para la observación y acompañamiento”, pero sin obligatoriedad de ello.
El evento del viernes hereda una historia de otros cabildos importantes. En 1561, se organizó un cabildo para fundar la ciudad; en 1568, para elegir a su primer Gobernador; en 1621, para decidir el traslado de la ciudad; en 1810, rebelándose contra la corona española; y en 1876, para aprobar el Acta del Pueblo y elegir prefecto a Andrés Ibáñez. Saltando el siglo 20, en el 21, se organizó, entre otros, el Cabildo del Millón, que reafirmó la autonomía.
Las principales decisiones tomadas el viernes fueron tres. La primera, acerca de la Chiquitanía, con clara vocación medioambiental y en pro de recabar toda la ayuda internacional posible para erradicar los incendios forestales y recuperar los bosques. Para tal efecto se aprobó una declaratoria ciudadana de desastre nacional (no contemplada jurídicamente, pero que sustituye a la que el Gobierno se ha negado a declarar). La segunda decisión reclamó la abrogación de la Ley 741 y del Decreto Supremo 3973, que han sustentado los chaqueos y han impulsado las quemas. También se dio un plazo de tres días al INRA para desalojar las dotaciones y asentamientos humanos en tierras fiscales y áreas protegidas que no cumplan los requisitos de ley.
La tercera decisión fue la más trascendente: trabajar por una propuesta federal real, solidaria y unificadora. Ya se han aventado los fantasmas conocidos del “separatismo” (Brasil y México son federales hace décadas y no se fragmentaron), “racismo” (es el departamento con más inmigración integrada), “oligarca” (no pude encontrar a ningún oligarca, pero sí muchísimos del pueblo)… Lo curioso es que no leí estos argumentos entre voceros del MAS, sino en las redes enunciados por Luis Revilla.
Entre 1898 y 1899, el poder político se desplazó desde Sucre (la oligarquía de la “plata”) a La Paz (del estaño y del comercio, el último sobre todo), porque el poder económico se había trasladado hacía años, tras la Guerra del Pacífico. Hoy, el poder económico se ha desplazado de La Paz a Santa Cruz. La participación de ambos departamentos en el PIB entre 2006-2018 fluctuó entre el 24% y el 28% (La Paz), y el 29% (Santa Cruz), con una diferencia fundamental: la alícuota paceña fue por contribución del desborde del estatismo masista (El Alto, como polo industrial y manufacturero colapsó tras el fin de la Atpdea) y la cruceña, por actividad productiva creadora de riqueza. Mientras que en términos demográficos respecto a la población total del país, en este mismo periodo La Paz decreció del 27,6% al 24,4% (-3,2%), y Santa Cruz creció del 25,5% al 29,9% (4,4%).
La defensa de Revilla y su entorno es muy plausible, suponen que la pérdida del poder político colapsará los ingresos de la sede de gobierno. Pero federalismo es retirar arbitrariedades del Gobierno Central, y La Paz se beneficiaría. Su preocupación debería estar en cuánto podría crecer La Paz sin esa burocracia estatal. Termino citando la homilía del obispo emérito de Santa Cruz, Mons. Braulio Sáez: “(el cabildo) ha hecho un acto de fe, sí, fe en la defensa de la vida, fe para salvar los valores de la democracia, fe que nos impulsa a la reafirmación de los valores humanos (…) la solidaridad, la hospitalidad, la alegría y, sobre todo, la paz y la justicia”.
* Analista y consultor político.
