Tras nueve días de movilizaciones y conflictos en torno a los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre, hoy arranca el “análisis de integridad electoral” (léase auditoría) a cargo de técnicos de la OEA, con acompañamiento de países garantes, para verificar la votación y, en especial, el cómputo. Pese a las dudas, estamos ante un primer hito para lograr un acuerdo.
Desde la misma noche de la jornada electoral surgieron interpretaciones contrapuestas sobre el resultado de la votación, que pronto se convirtieron en “verdades absolutas”. A ello contribuyó la desastrosa e imperdonable gestión de la transmisión de resultados preliminares por parte del TSE. Esas “verdades”, que se reafirman a sí mismas sin matices, generaron un peligroso escenario de enfrentamiento en las calles, que ya condujo a la pérdida de dos vidas. Es imperativo frenar esa escalada de violencia.
¿Dónde puede encontrarse un punto de acuerdo entre el bloque de oposición (hasta hoy articulado en una coordinadora con señales de fisura), que primero demandaba segunda vuelta y hoy exige la anulación de las elecciones; y el bloque oficialista, que reafirma su victoria en las urnas con casi 650.000 votos de diferencia? ¿Cómo se concilia la denuncia de que hubo “fraude monumental”, sin aportar pruebas, con la denuncia, acompañada de inaceptables amenazas, de que hay un intento de “golpe de Estado”?
Aunque por ahora es un camino sin acuerdo y sembrado de sospecha, la auditoría electoral externa, técnica e independiente puede encaminar un principio de acuerdo entre las fuerzas políticas relevantes, más allá de los discursos para la tribuna y los radicalismos de actores rupturistas que asumieron el desconocimiento del resultado desde antes de los comicios. Para ello, ciertamente es fundamental que el anunciado análisis integral a la jornada electoral y actos siguientes sea público y transparente.
En ese sentido, resulta incomprensible que el candidato de Comunidad Ciudadana, quien debiera estar muy interesado en que un actor internacional autónomo certifique el supuesto fraude del que habla, primero acepte la auditoría con condiciones y al día siguiente la rechace bajo el discurso de un supuesto “cómputo fraudulento”. Esa posición no contribuye en nada a preservar la paz y evitar la violencia. Se suma, más bien, a demandas maximalistas por fuera del orden constitucional y democrático.
Si la premisa es lograr una solución política y pacífica a la crisis electoral e institucional, nada mejor que dicha solución dependa de evidencia técnica y de datos ciertos. De nada sirven los ejercicios “demostrativos” y sus réplicas, difundidos en redes sociales y en medios de comunicación, si solo buscan reafirmar las verdades absolutas de unos y otros, sin ningún puente de diálogo. La auditoría internacional puede ser un primer paso de una larga y compleja hoja de ruta que tenemos por delante como país.
