Días atrás, la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre el avance en la implementación de centros de acogida y prestación de servicios de tratamiento de los daños físicos y psicológicos para víctimas de trata y tráfico de personas. El estudio revela que del total de personas rescatadas de las manos de tratantes, solo tres de cada 10 recibieron algún tipo de ayuda.
El informe, titulado “Cumplimiento a la creación de centros de acogida especializados para víctimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos”, revela múltiples deficiencias en la aplicación de lo que la ley dispone para ayudar a quienes han sufrido estos execrables crímenes, comenzando por la falta de centros de acogida y la formación de personal capacitado y cualificado.
A partir de datos producidos por el Ministerio Público, la institución nacional de derechos humanos elaboró un diagnóstico de lo realizado en 2018 y el primer semestre de 2019, descubriendo que de un total de 733 víctimas de trata y tráfico reportadas en esos 18 meses, solo 207 (el 28,2%) recibieron atención y protección institucional, tareas que según la Ley 263 Integral Contra la Trata y Tráfico corresponden a los gobiernos municipales y departamentales.
El informe reconoce como un avance “considerable” que el Estado boliviano haya constitucionalizado la prohibición de la trata y tráfico de personas, así como los delitos conexos; al igual que la promulgación de la ley antes nombrada. Sin embargo, también resalta el hecho de que existen grandes brechas en el cumplimiento de las obligaciones en esta norma; comenzando por la habilitación de centros de acogida especializados, que hoy en día únicamente son seis, de los cuales solo dos son administrados directamente por las gobernaciones de La Paz y Potosí, mientras que el resto son instituciones privadas de administración delegada. Beni, Chuquisaca, Oruro, Pando y Tarija no tienen ni eso.
En el caso de los gobiernos municipales, la desatención a las obligaciones impuestas por la norma es igual o peor. De todas las alcaldías consultadas, solo unas cuantas atienden casos de trata a través de sus defensorías de la niñez y adolescencia y, con excepción de La Paz, ninguna tiene personal especializado. Lo que implica grandes posibilidades de revictimización por falta de conocimiento específico. Asimismo, todas las municipalidades deberían tener protocolos específicos de actuación, pero ninguna los tiene.
Otros detalles del informe evidencian un estado de cosas que pasa de lamentable a preocupante. Pues da muestra, por una parte, de una debilidad institucional tan grave que no es posible cumplir con las leyes. Y por otra, tal parece que los delitos de trata y tráfico de personas, pese a ser dos de los más execrables crímenes, no están entre las prioridades de las autoridades. Urge, pues, que el Estado, en todos sus niveles de gobierno, comience a hacerse cargo de sus deberes legales.
