A estas alturas, las condiciones para el nuevo proceso electoral están ya creadas. La mayoría de los instrumentos legales han sido aprobados; está acordado y disponible el presupuesto; se han conformado el Tribunal Supremo y los nueve tribunales departamentales. Entretanto, los exintegrantes de estos organismos (culpables o inocentes) están en la cárcel. Aparentemente todo está listo o bien encaminado para funcionar como reloj en las elecciones del primer domingo de mayo. Lo que falta por definir es la nómina de postulantes y sus respectivas propuestas. Y es aquí donde proliferan los fenómenos más extravagantes.
Para empezar, el indecente comercio de siglas, recuperadas por sus “propietarios” gracias a la anulación global de las elecciones de octubre pasado. Uno de los resultados no deseados de ese proceso fue que tales siglas se mantengan en pie no obstante su ínfima votación. Resulta que ahora valen oro para albergar a políticos sin partido que se creen presidenciables. No importan ni su nombre, ni su trayectoria, ni sus planteamientos programáticos; solo vale el hecho de estar registrados y a ver ¿quién da más?
Tocante a lo anterior está el tema del financiamiento de las campañas. Por un sinceramiento fugaz que le valió el cargo a un aprendiz de vocero, se sabe que en las agrupaciones políticas se considera “razonable” la cifra de unos $us 10 millones. Y también es pública la exigencia del exdirigente cívico Marco Pumari por recibir $us 250.000 y por lo menos dos agencias de aduana. Por cierto, las élites empresariales están buscando a quien “apostarle”. ¿De dónde saldrá el dinero? ¿Con cuánto aportará Gonzalo Sánchez de Lozada?
Y si no logran unirse en una fórmula polarizante, no sería raro que algunos apuesten por varios candidatos a la vez, por si acaso. Lo propio están haciendo los poderes imperiales, muchas veces enmascarados en inocentes agencias de cooperación o en desconocidos y desconcertantes manipuleos digitales. Que nadie lo dude: Estados Unidos, China y Rusia, y la propia Unión Europea, cada cual a su manera, no dejarán de hacer algo en pro de sus candidaturas preferidas. ¿Podrá el Tribunal Electoral transparentar aunque sea una parte de estas movidas? Se ve muy difícil.
Unidos en la oposición cerrada al gobierno de Evo Morales, todos los integrantes del bloque neoliberal aseveraban que solo les movía el interés patriótico y democrático, que no tenían intereses político partidarios ni menguados objetivos particulares. Depuesto el gobierno del MAS y abierta la certidumbre de nuevas elecciones, salieron a flote las más variadas y verdaderas aspiraciones. Luis Fernando Camacho y Pumari se reclamaban como exclusivamente cívicos, pero resultaron políticos, o más propiamente politiqueros de la misma especie a la que criticaban. Jorge Tuto Quiroga creyó de pronto que ser activo vocero de las campañas de la derecha mundial es suficiente mérito para ser otra vez candidato (perdió por dos veces consecutivas). Samuel Doria Medina calculó que puede seguir invirtiendo en elecciones. Carlos Mesa y Luis Revilla se juraron una lealtad que no aguantó ni un semestre. Rubén Costas y sus demócratas, cuya votación es del 4 % saboreando las mieles del poder, le calientan la cabeza a la Presidenta y ésta no parece indiferente a los halagos; en tan poco tiempo le ha gustado la pega.
En lo que se refiere al partido del presidente derrocado, parece que hubiera conseguido una muy precaria unidad interna colocando en su binomio a un tecnócrata desarrollista y a un aymara pachamamista. Lo que no se sabe es si lograrán entenderse, por lo menos en la tarea de defender algunos logros de las gestiones anteriores y no solo desmarcarse, sino explicar los casos flagrantes de corrupción. Para este bloque, el periodo es crucial. Se consolida como un partido tradicional más o es capaz de recuperar en sus orígenes su esencia democrática y de representación legítima de campesinos, indígenas, originarios y trabadores en general. Está por verse.
Carlos Soria Galvarro
es periodista.
