Entre enero y noviembre de 2019, la ABT decomisó madera que estaba siendo transportada de manera ilegal, en los ríos y en las carreteras, cuyo valor estimado supera los Bs 31 millones. Cifra que nos recuerda que, por causa de la tala ilegal y el desmonte de los bosques para habilitar tierras de pastoreo y ampliar la frontera agrícola, desde 1975 la superficie boscosa del país ha disminuido en al menos 9 millones de hectáreas, según estimaciones de la ABT.
Para dimensionar este dato, cabe señalar que la superficie de Pando, el quinto departamento en extensión del país, es de aproximada 6,4 millones hectáreas. Por tanto, la cantidad de bosques que se han perdido en las últimas cuatros décadas es superior a toda la extensión de esa región, y más del doble de la superficie de Tarija (3,8 millones de h).
Ahora bien, no se puede negar la necesidad de sacrificar aéreas boscosas para expandir las áreas urbanas, acondicionar suelos para producir alimentos, o bien aprovechar la madera (insumo esencial no solo para la fabricación de muebles, sino también para construir casas, hospitales, escuelas o puentes).
No obstante, el problema surge cuando este “aprovechamiento” se lo realiza de manera discrecional, bajo una lógica mercantilista que no contempla planes de desarrollo sostenible ni respeta el bien común ni reservas forestales, tal como está ocurriendo actualmente en el país. Por ello, urge insistir en la necesidad de diseñar e implementar planes de aprovechamiento sustentable de los bosques, cuya destrucción nos afecta a todos, y en especial a las futuras generaciones.
