El proyecto de Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos se ha convertido en una pieza extraordinaria para demostrar cómo se construye y se sustenta una mentira a través de los medios de comunicación y con el decidido apoyo de algunos periodistas. Esta norma ha recibido varios nombres en su intento por concretarse. Es uno de los acuerdos de “pacificación” de mediados de noviembre del año pasado, cuando debió intervenir Jean Arnault, experto en negociaciones enviado por el Secretario General de las Naciones Unidas; junto con delegados de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos y de la Conferencia Episcopal de Bolivia, pese a que la OEA y los obispos fueron parte del conflicto.
Varios otros acuerdos se han cumplido. Por ejemplo, la ley de convocatoria para nuevas elecciones y que anula los comicios del 20 de octubre de 2019 (pese a que según la legislación solo el Tribunal Supremo Electoral puede anular elecciones). Sin embargo, el acuerdo de ley que primero se llamó Ley de garantías y ahora, aprobado por el Senado, se titula de Cumplimiento de los Derechos Humanos, fue boicoteado de manera permanente a base de mentiras.
Personas interesadas iniciaron la campaña al denominarlo como un proyecto “de inmunidad” o de “impunidad”. Se sumaron con un entusiasmo algunos medios y periodistas que continúan coreando la mentira, entrevistando a abogados u otras personas que, por ejemplo, dicen que esa ley crearía dos clases de ciudadanos: los inmunes o impunes y el resto. Incluso se han hecho encuestas consultando a la gente “si estaría de acuerdo en que se apruebe una ley de impunidad para beneficiar a autoridades del anterior gobierno”. La respuesta es obvia si me hacen esa pregunta, direccionada, manipulada.
El proyecto de ley es demasiado simple. Tiene el objeto de velar por el cumplimiento del ejercicio de los derechos civiles, políticos y de libre expresión contenidos en la Constitución, en tratados y convenios internacionales, en favor de bolivianos y extranjeros que residen en Bolivia. Prohíbe acciones de hecho, aprehensiones, detenciones preventivas arbitrarias, hostigamiento judicial y cualquier medida ilegal de coacción que impida el libre ejercicio de derechos y libertades por los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre.
Sus detractores dicen que es una ley innecesaria porque repite el respeto de derechos ya establecidos en la legislación vigente. Y tienen razón. El problema es que esos derechos son atropellados. Si no existiera una situación de atropello a los derechos de la gente, nunca se hubiese formulado ese proyecto. Por eso, quienes están en contra se cuidan de no dar lectura al proyecto, y tampoco preguntan a sus entrevistados ¿dónde dice que se crean ciudadanos de primera y de segunda? El proyecto habla de todas las personas residentes en el país a partir de hechos políticos que generaron primero violencia, luego venganza. Y cacería, según palabras del Ministro de Gobierno actual.
El proyecto dice que el Estado asuma la responsabilidad por los muertos y heridos en los hechos de violencia resultado de los sucesos políticos, y garantiza la libertad de expresión a medios de comunicación. Contra esto se anuncian movilizaciones de “pititas”, y se amenaza. En realidad, lo único que se pretende es esconder las acciones de hecho, aprehensiones y detenciones preventivas arbitrarias, hostigamiento judicial y ataques a medios de comunicación que campean en el país. Nada más.
* Periodista.
