El éxito de las políticas contra la pandemia depende en buena medida de la existencia de un apoyo proactivo y consciente de la población; para lo cual se requiere de una acción comunicacional eficiente del Estado. Hay urgencia por informar mejor, empatizar con las preocupaciones de las mayorías, y abandonar la coerción y el miedo como único método para promover la disciplina social.
La mayoría de las normas sociales y jurídicas funcionan sobre la base de su cumplimiento voluntario por la mayoría de la sociedad. Es un espejismo creer que algún comportamiento se puede imponer únicamente con la coerción o el miedo. Esto puede funcionar en el corto plazo, pero es imprescindible generar legitimidad social para que se sostenga por un largo periodo.
Y más aún cuando se trata de las políticas orientadas a luchar contra la expansión del coronavirus, pues éstas dependen de rápidos cambios en los hábitos higiénicos y comportamientos sociales de la población. Por ejemplo, el distanciamiento social solo se puede sostener si los ciudadanos lo asumen como un compromiso personal ineludible, y lo cumplen sin necesidad de que alguien los esté vigilando u obligando permanentemente.
Por esta razón, las políticas comunicacionales son determinantes para el éxito de los esfuerzos gubernamentales para controlar la pandemia. El apoyo a las medidas y el cambio de comportamientos sociales requieren, en primer lugar, de información básica sobre las razones que justifican esas exigencias, y acerca de los procedimientos e instrumentos que facilitan su aplicación por ciudadanos de todas las culturas, edades y niveles socioeconómicos. Se necesita un enorme esfuerzo pedagógico, territorializado y sensible a la diversidad cultural del país, que no puede limitarse solamente a algunas cuñas publicitarias, páginas web o boletines informativos.
Por otra parte, la construcción de legitimidad social precisa de una actitud de escucha paciente de las observaciones y dudas de los ciudadanos, así como de un mayor grado de empatía con la diversidad de situaciones que los afectan y que deben ser consideradas. Se trata de conversar y persuadir, no de imponer o castigar como primera reacción ante el reclamo.
Estamos entrando a una segunda etapa más compleja de aislamiento social, denominada “cuarentena dinámica”, que requerirá de mucha más autoregulación social y seguimiento de parte de las autoridades nacionales y locales para que pueda funcionar adecuadamente. Sin un apoyo movilizado e informado de la población, la situación podría ponerse cuesta arriba. Podría ser, entonces, una oportunidad para impulsar una política de comunicación más intensa, menos reactiva, más cercana a las preocupaciones de la mayoría, que busque convencer y, sobre todo, que respete la diversidad de situaciones y limitaciones de las y los bolivianos.
