Hace un par de semanas, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, remarcó con vehemencia que “la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa frente al coronavirus. Pocas veces anteriormente el hogar ha supuesto un asunto de vida o muerte”.
No obstante, de acuerdo con datos de ONU-Habitat, cerca de 1.000 millones de personas viven en asentamientos informales y barrios marginales en todo el mundo, a menudo en condiciones de hacinamiento, con deficientes servicios de agua y saneamiento, y un acceso limitado a instalaciones de atención médica, lo que les hace especialmente vulnerables al COVID-19.
Las medidas recomendadas para prevenir la transmisión de este coronavirus, tales como lavarse frecuentemente las manos, el distanciamiento físico, el aislamiento o el cierre de toda la comunidad, son a menudo imposibles en los barrios más desfavorecidos de muchas ciudades del resto mundo, y también en Bolivia. Además, la mayoría de sus residentes trabaja en el sector informal, con ingresos inestables y ahorros mínimos. Y es evidente que, a medida que pierdan sus fuentes de ingresos con la paralización de las ciudades, no dispondrán de recursos para pagar los productos básicos y los alimentos que necesitan sus familias o el alquiler de sus viviendas.
Es así que la relatora especial de la ONU se ha mostrado profundamente preocupada por dos grupos concretos de población: “los que viven en refugios de emergencia, sin hogar, o en asentamientos informales; y los que se enfrentan a la pérdida de sus empleos y a dificultades económicas que podrían derivar en atrasos en pagos de hipoteca y alquiler y en desahucios. Este escenario obliga a que los países “adopten medidas extraordinarias para asegurar el derecho a una vivienda para todos y protegernos ante la pandemia”, agrega la experta.
Por tanto, algunas medidas extraordinarias son urgentes para permitir que estos grupos de población puedan acatar las medidas de prevención decretadas, y así no solamente protejan sus vidas, sino también las del conjunto de su comunidad y, finalmente, la de todos los habitantes de la ciudad. En primer lugar, debe prestarse atención particular en brindar espacios de refugio de emergencia para las personas sin hogar, en condiciones que les permitan subsistir dignamente y mantenerse al abrigo del contagio. Asimismo, se hace imprescindible transferir rápidamente fondos de subsistencia, asegurar los servicios básicos y facilitar el acceso a suministros esenciales y alimentos a los habitantes de los barrios desfavorecidos, para que puedan respetar las medidas de salud pública y combatir la propagación del COVID-19 en sus vecindarios.
Si bien algunas de estas medidas ya se han empezado a implementar en el país, como la Canasta familiar o la reducción del costo de los servicios públicos, resulta fundamental focalizarlas en las comunidades donde las necesidades son más acuciantes, y hacerlo de forma conjunta y coordinada si se quiere que sean realmente efectivas.
Finalmente, y en lo que se refiere a la problemática de los desalojos sobre la cual se está reflexionando actualmente en el país, retomamos las recomendaciones de la relatora especial para que, ante la eventual pérdida de fuentes laborales, se pueda “ofrecer ayuda financiera directa o aplazar los pagos de alquiler o hipoteca, promulgar una moratoria sobre los desahucios por atrasos, e introducir medidas de estabilización o reducción de los alquileres”.
De la misma forma que los gobiernos de todo el mundo se están viendo forzados a obligar a sus ciudadanos a que se queden en casa para frenar la propagación del virus, deben adoptar las medidas necesarias para que puedan acatar dicha disposición, impedir que algunos sean expulsados de sus hogares, y facilitar el acceso a una vivienda adecuada para aquellos que no la tienen. Desde ONU-Habitat alentamos a que se apliquen las medidas necesarias para garantizar el derecho constitucional a la vivienda, impidiendo sus restricciones o su vulneración en momentos en los que este espacio, como se ha señalado, se convierte en el más crucial para detener la pandemia.
Sergio Blanco Ania, coordinador de programa, ONU-Habitat Bolivia.
