Mediante la suscripción de una declaración conjunta, 25 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Bolivia, se comprometieron a coordinar el abastecimiento de alimentos suficientes para los 620 millones de habitantes de la región durante la pandemia desatada por el COVID-19. Este paso implica una decisión fundamental como es el apoyo a las familias agricultoras, pequeños y medianos productores que en estos momentos tan cruciales no han dejado de garantizar la provisión de alimentos básicos para el consumo nacional.
En una coyuntura en la que la enfermedad ha obligado a la mayoría de los países a asumir la cuarentena como principal medida preventiva, 18 millones de agricultores, pescadores, ganaderos y acuícultores, hombres y mujeres, siguen trabajando día a día en la región para que los alimentos no falten. Lo mismo hacen las y los trabajadores de las agroindustrias, el transporte, las empresas importadoras y exportadoras, y los mercados mayoristas y minoristas; contribuyendo todos a que los mercados de la región cuenten con suficientes alimentos como demande la población.
En este contexto, el compromiso de los ministros incide en un aspecto determinante como es la asistencia técnica y financiera oportuna a los pequeños y medianos productores, así como a los pequeños y medianos agroindustriales, para sostener o aumentar su producción. Implica, además, la generación de alianzas con actores importadores y distribuidores de alimentos del sector privado para que se constituyan en un pilar estratégico para el acceso y la disponibilidad.
El compromiso de los ministros considera de primera importancia que todo este accionar vaya acompañado de la implementación de programas de emergencia para prevenir las pérdidas y desperdicios, incluyendo aquellos que estimulen y faciliten el funcionamiento de bancos de alimentos. Así lo establece la declaratoria, que se compromete a agilizar en forma constante las cadenas logísticas y resolver expeditamente cualquier cuello de botella que pueda reducir su funcionamiento. Por supuesto, esto también tiene que ver, entre otras cosas, con el impulso de políticas fiscales y/o comerciales de respuesta al efecto económico de la crisis que no debiliten el funcionamiento normal del comercio regional y global de alimentos.
La declaratoria involucra a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a otros organismos multilaterales especializados, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el Caribbean Research and Development Institute (CARDI), la Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency (CAHFSA), y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), comprometiéndonos a trabajar para asegurar que los 620 millones de latinoamericanos y caribeños sigan teniendo cada día alimentos suficientes, innocuos y saludables en sus mesas. Como FAO, creemos que las medidas mencionadas atenderán la situación inmediata para garantizar que la producción y la comercialización de alimentos sea regular y sin problemas. Pero también hay que pensar en el futuro y en el tiempo posterior a la pandemia: hay que facilitar y destrabar, si fuera el caso, las cadenas de suministro de insumos y el movimiento de técnicos agrícolas y productores para que puedan sembrar y atender los cultivos del próximo ciclo agrícola. Actualmente hay incertidumbre entre los productores sobre si pueden arriesgarse a nuevas siembras, inclusive si lograrán vender lo que tienen en estos momentos en el campo. En ese sentido, hacen falta señales claras y apoyo concreto para que la producción agrícola no se detenga a causa de la incertidumbre.
Theodor Friedrich, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Bolivia
