Hace un par de semanas, se conoció que 12 mujeres estaban en el primer grupo de aproximadamente 100 personas que llegaron caminando hasta la frontera entre Chile y Bolivia para retornar al país, debido a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Para entonces, el Gobierno boliviano ya había decretado el cierre total de las fronteras; aunque a pesar de esta medida han salido vuelos para repatriar a ciudadanos extranjeros que se habían quedado varados en el país, principalmente europeos, y también han llegados dos aviones trayendo connacionales, el primero, al límite del veto, proveniente de Lima; y el segundo, esta última semana, de Santiago de Chile.
Desde que empezaron a tomarse medidas para contrarrestar la pandemia en el país, de forma antagónica a la política comunicacional del miedo que se ha instalado en las fuentes oficiales, María Galindo empezó a dar una cátedra diaria de comunicación política desde sus micrófonos y la radio Deseo. En este momento aciago, esta emisora ha cumplido ampliamente con los nobles fines políticos para los cuáles la comunicación se constituye en una herramienta. De esta manera, se ha constituido en un espacio desde el cual cotidianamente se está generando certidumbre, contención, solidaridad, empatía y —sobre todo— se están abordando las problemáticas colaterales de la pandemia y su paso por el país.
En una de esas acciones, la semana pasada, Galindo y su equipo de Mujeres Creando ofrecieron hacerse cargo de las 12 mujeres antes mencionadas, quienes, por sus situación particular (algunas están embarazadas y otras tienen niños pequeños), son aún más vulnerables que el resto de ese grupo grande de compatriotas apostados en la frontera. Bajo un lobby ejecutado desde su emisora, este colectivo consiguió el compromiso verbal del Gobierno de que les iban a permitir apoyar a estas mujeres. Lo que a su vez las motivó a solicitar a su audiencia colaboración materialmente en favor de estas mujeres para cuando llegasen a su centro de operaciones (Virgen de los Deseos). Sin embargo, ese compromiso no se cumplió, y el Gobierno decidió trasladar a aquellas 12 mujeres (con sus niños en vientres y en brazos) junto con los demás bolivianos a un campamento militar instalado en la población de Pisiga. Gracias a radio Deseo y a otros medios, algunos nos hemos enterado de las aberrantes condiciones en las que se encuentran aquellos compatriotas.
En el otro lado de la moneda, el miércoles pasado ingresó al país un avión proveniente de Chile con 35 compatriotas. Hecho que el Gobierno calificó como una valiosa gestión para velar por un grupo vulnerable de bolivianos, compuesto por mujeres, niños y personas que deben cuidar a sus padres. El aterrizaje de ese avión develó algo que nos preocupa a todos: no se puede permitir que a nombre del miedo contra la pandemia se abra la puerta para crear ciudadanías de primera y de segunda clase. Aunque esta crisis recién empieza, y eventualmente esperamos que todos nuestros compatriotas cumplan una cuarentena digna y retornen a sus lugares de origen, no debemos permitirnos superar colectivamente esta prueba planteada por el grupo de 12 mujeres si en el camino aceptamos —sin sonrojarnos— soltar la mano y vulnerar los derechos humanos de una o de un solo boliviano.
Verónica Rocha, comunicadora social
