El fin de semana pasado, en víspera del Día del Periodista Boliviano, este diario sufrió un cobarde ataque, esta vez en forma de libelo, distribuido desde una cuenta de correo electrónico falsa. El autor de esta infamia seguramente pretendió afectar a la empresa periodística y a los diarios que publica, pero en los hechos ha dañado a las y los periodistas que trabajan en ella.
El mencionado mensaje de correo electrónico, largo y lleno de imprecisiones, que mezcla cuestiones ideológicas con consideraciones, completamente falsas, sobre la propiedad y administración de esta casa periodística y de su línea editorial fue distribuido con ayuda de herramientas digitales de distribución masiva, lo cual agrava el dolo con que fue producido.
Firmado por un supuesto “empleado” de esta casa periodística, el libelo por supuesto que no representa a las y los trabajadores no solo de la redacción (alma de éste y de cualquier otro medio de comunicación), sino que más bien los pone en situación de vulnerabilidad, pues podría inducir a actitudes discriminatorias, si no francamente violentas, contra las y los trabajadores de la información que de por sí ya se ponen en riesgo al acudir a sus fuentes informativas en medio de la pandemia.
Tales actitudes ya fueron padecidas por las y los trabajadores de este diario entre octubre y diciembre del año pasado, provocando animadversión contra La Razón y el Extra, arteramente estimulada por personas que durante años trataron de poner a estos medios de comunicación el sambenito de ser parciales con un partido político, ofendiendo a quienes solo han entregado su talento y profesionalismo al apostolado de la información imparcial, completa y oportuna.
Consultado al respecto, un notable abogado penalista identificó al menos cuatro delitos cometidos en el producir y difundir el mensaje que motiva este comentario. Primero, se trata un libelo que se adecua a los delitos de calumnia y difamación, tipificados en la sección de delitos contra el honor del Código Penal. Segundo, dado que este ataque afecta igualmente al normal funcionamiento de la empresa, hay otros dos delitos que deben ser indagados: atentados contra la libertad del trabajo y sabotaje.
Corresponde, explicó el abogado, que el Ministerio Público indague la comisión de tales delitos, y que identifique al autor de los mismos. Cabe señalar, además, que las herramientas tecnológicas de hoy hacen posible rastrear e identificar el origen del libelo y, por tanto, a su autor o autores.
Inversiones Grupo Prensa y los periódicos La Razón y el Extra manifiestan, pues, su absoluto rechazo a estas prácticas que lindan con lo criminal, que afectan al buen nombre y reputación construidas a lo largo de casi 30 años de servicio al país, pero sobre todo dañan al cuerpo de periodistas que hacen de su labor cotidiana un aporte permanente y comprometido a los derechos a la información y a la libertad de expresión, hoy amenazados en Bolivia.
