Un análisis de dos expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés), John Curiel y Jack R. Williams, ha puesto en cuestión la tesis de “fraude” en las elecciones del 20 de octubre del año pasado y, por consiguiente, la legalidad y legitimidad del gobierno que el 12 de noviembre sucedió al de Evo Morales. “No hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar”, concluyeron los especialistas en un artículo que el blog The Monkey Cage difundió en las páginas del diario The Washington Post.
A su vez, la Organización de Estados Americanos (OEA) ratificó su informe que el 10 de noviembre de 2019 precipitó la caída de Morales, y rechazó el mencionado estudio, señalando que tiene “múltiples falsedades, inexactitudes y omisiones”.
Sin embargo, la tesis del “fraude” (que la OEA llama “manipulación intencional”) quedó en entredicho y causó gran repercusión internacional. Medios de información prestigiosos, personalidades, gobiernos y Estados se expresaron sobre el caso. Entre los más importantes, el presidente argentino, Alberto Fernández, dijo que “en Bolivia se violentó el Estado de derecho (…) con la explícita complicidad de la OEA”. Y México, a través de su Cancillería, solicitó una respuesta que aclare “las discrepancias” entre el análisis de Curiel y Williams y el informe de la auditoría realizada por expertos del organismo multilateral.
La narrativa del fraude no solo fue impuesta poco antes de las elecciones del 20 de octubre. Si bien el anterior Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue blanco de serios cuestionamientos, el fraude fue materia política y mediática en medio del proceso electoral. No fue casual que, en septiembre pasado, en su peregrinaje con medios de información un embajador comentó sobre una “encuesta” que señalaba que el 70% de los bolivianos creía que en las elecciones de octubre iba a haber fraude.
Esta narrativa se alimentó de la “psicosis” que despertó el día de la votación el descubrimiento de boletas de sufragio abandonadas en varios puntos de La Paz. Y si bien era material en desuso, pues sus datos ya estaban inscritos en las actas, evidenció una grave desprolijidad e improvisación de parte del TSE.
Pero la suspensión de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el sistema de conteo de imágenes fotografiadas de actas no oficial, fue el argumento perfecto para la OEA, la reacción de la oposición y las redes sociales. Presionado por la tensión que esa irregularidad había generado, el oficialismo pidió una auditoría a la OEA, y ésta exigió que sus resultados sean vinculantes.
El informe preliminar de la OEA llegó 20 días después, y fue lapidario. No necesariamente por sus conclusiones, “graves irregularidades”, sino por la tensión social y política que había generado el trabajo del TSE durante el proceso electoral.
Aunque el documento señalaba que “resulta posible que el candidato (Evo) Morales haya quedado en primer lugar y el candidato (Carlos) Mesa en segundo”, la OEA afirmó que “no puede validar los resultados de la presente elección”, y recomendó “otro proceso electoral”. Fue la sentencia. No hubo lugar para la contraparte, a pesar de que el oficialismo denunciaba el “robo” de sus resultados, y que sus seguidores protestaban por el escamoteo de sus votos, con todo derecho.
La OEA no es precisamente un organismo neutral, tratándose de su representación geopolíticamente hegemónica, pero le dio punto final al debate que los detractores de Morales querían. ¿Puede así ser la OEA un juez en esto? ¿Lo permitirían en otros países? Aquí sí.
Como los expertos ponen en duda su informe, la OEA tiene mucho que decir, y tendrá que responderle a México con más solvencia que el informe preliminar con el que sentenció 6 millones de votos.
* Es periodista.
