Lo sucedido la noche del jueves pasado en Shinahota, en el trópico de Cochabamba, es una preocupante señal de lo que se viene en el futuro próximo, debido a las heridas que aún no han restañado, pero también y sobre todo a que la práctica política en algunos sectores del país todavía está fundada en el conflicto y la polarización. El Chapare es y seguirá siendo “zona caliente”.
Todo comenzó con el intento del Gobierno de restablecer la presencia policial en el trópico cochabambino, de donde había sido expulsada luego de la masacre de Sacaba, en noviembre de 2019. El propósito declarado fue brindar seguridad física a las instituciones financieras que operan en la zona, y que desde hace días entregan los bonos implementados por el Gobierno para ayudar a las familias a superar los efectos de la pandemia por el COVID-19 y las más de cuatro semanas de cuarentena.
El jueves por la noche, varios pobladores atacaron el cuartel policial, agrediendo verbal y físicamente a 84 policías, con el fin de expulsarlos de la zona. Como consecuencia de esta acción, el Gobierno decidió, con el aval de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), suspender la atención de los bancos en todo el trópico cochabambino hasta contar con seguridad policial.
El viernes, el Ministro de Gobierno anunció que no había diálogo posible con la dirigencia de las seis federaciones del Trópico, y agregó que la Policía y el Ministerio a su cargo presentarán denuncias penales contra los responsables del ataque. Además, hizo suyas las palabras del expresidente Evo Morales (a quien acusó de haber instruido la movilización), al afirmar que “somos de la cultura de la vida, no de la muerte”, refiriéndose a la decisión de no usar la fuerza en la zona.
El mismo día, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico afirmó que su dirigencia no había impulsado esta acción, sino que habría sido una “reacción espontánea” en protesta “por los hechos luctuosos de la masacre de Sacaba, el motín policial y el golpe de Estado”. Se reclamó, además, por la falta de “coordinación” con las autoridades locales para el retorno de los policías. La Defensora del Pueblo afirmó que se había tratado de un grupo reducido de pobladores de esa localidad, y no así la población de la población en general, a tiempo de convocar al diálogo entre las partes enfrentadas. Es evidente que el Gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, y que el Chapare es una de las zonas con menor presencia estatal. Sin embargo, también es evidente que el solo uso de la fuerza no ha servido, ni servirá, para cambiar esa situación. Urge, pues, que las autoridades adopten una estrategia para generar consensos, de lo contrario, la violencia aparecerá como el único camino posible, con el previsible efecto de seguir depauperando la convivencia democrática.
