Empiezo con una certeza tan básica como importante en este momento: ninguna pandemia pone en suspensión todo lo establecido en la Constitución Política del Estado, más aún en lo que refiere a los derechos y garantías constitucionales que protegen a las y los ciudadanos del accionar del Estado. Uno de éstos, que data de hace una década en nuestro marco normativo, es el derecho a la información, que además de estar inscrito en el Art. 106 de la CPE, se encuentra garantizado mediante su Art. 21, que señala que “las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”; además de estar establecido en varios convenios y tratados internacionales ratificados por Bolivia.
En tiempos de pandemia este derecho parece aún más vulnerable que antes, cuando las acciones del Estado son realizadas en medio de un escenario altamente volátil, incierto y cambiante a medida que pasan los días. Es cierto que, con la gran cantidad de acciones que deben realizar los gobiernos de todos los niveles, es altamente complejo recoger, sistematizar, analizar y comunicar la información pública que se genera en torno a todo el accionar estatal. Las y los periodistas que conocen a detalle las varias y continuas trabas que se han generado históricamente desde instancias públicas para brindar información, que es de todos, afrontan hoy más limitaciones en su trabajo diario, lo que se suma a las dificultades para la consecución de esta información.
En general, la ciudadanía no está cegada ante lo que ocurre. Sabemos que esta emergencia sanitaria es global, que existen confrontaciones entre los países por conseguir insumos sanitarios para afrontarla; y entendemos, con claridad, que no existe gobierno en el mundo que estaba preparado para una amenaza de esta envergadura. Aun conociendo todo ello, hay demasiada información pública que no se está comunicando oportuna y adecuadamente. Hay cambios de autoridades y técnicos en medio de la pandemia que no se conocen puntualmente y simplemente “ocurren” de un día para otro. Hay intervenciones y acciones sobre las cuales se solicita documentación de respaldo administrativo y se termina encarando políticamente estas solicitudes.
Los funcionarios públicos declaran que llegarán al país insumos (equipos de bioseguridad, reactivos, respiradores, UTI) en “una semana”, a “fin de mes”, en “15 días”; pero estos nunca llegan. Se señala que habrá evaluaciones y conferencias en determinados días y horas; y los días no llegan y las horas no se cumplen. Instructivos y protocolos que son de suma importancia en este tiempo tienen que “filtrarse” en vez de ser puestos a disposición de la prensa y la ciudadanía. Tenemos cuentas en redes sociodigitales de instituciones gubernamentales que transitan entre el “hackeo” continuo y las recetas de panqueques de chocolate, en vez de encarar con transparencia las acciones de gobierno.
La burocracia estatal, en todos sus niveles, cuenta con una potente estructura comunicacional que debiera tener como principal fin el transparentar la información pública de las acciones gubernamentales. Uno de los principales signos de esta emergencia es el nivel de incertidumbre que inyecta en los hogares y la sociedad. Aunque las noticias sean malas, bregar por el cumplimiento del derecho a la información sembrando certezas es también una manera adecuada de combatir la pandemia.
Verónica Rocha, comunicadora social
