Cuando el 11 y 12 de noviembre, recién convalesciente de una delicada operación, seguí en televisión y medios virtuales la renuncia y huída del doble defraudador Evo Morales Ayma y el posterior acuerdo de transición constitucional —ejemplo de consensos mínimos—, y pensé que podíamos llegar a vivir un mejor mañana. Hoy, tras la grave epidemia, la iniciada crisis económica y el permanente enfrentamiento político, entiendo que “llegaremos por la puerta de atrás”.
Estos días, leí dos publicaciones sobre el carácter de transición del gobierno actual. Uno era del último zoon politikón boliviano: el expresidente Jaime Paz Zamora —conste que no le tengo ninguna adherencia— y el otro de la exdiputada, exprecandidata presidencial y politóloga Jimena Costa Benavides. Aunque tengo varias discrepancias con ambas publicaciones, coincido plenamente en que el actual gobierno de Jeanine Añez Chávez es de plena sucesión constitucional pero no lo conceptuaría de transición. Para justificarlo y señalar diferencias con ambos, expondré mis razones.
En stricto sensu, el gobierno de la presidente Añez Chávez asumió el ejercicio del Ejecutivo con el propósito de realizar elecciones transparentes en Bolivia y el fraude se sustituyera por el ejercicio de la voluntad popular: desde el inicio y hasta el 22 de marzo —inicio del frenazo de las actividades no imprescindibles por la propagación interna del COVID-19— trabajó prioritariamente para la transición a un nuevo gobierno elegido democráticamente. Las urgencias de la epidemia y las electorales de algunas tendencias impidieron que produjera la efectiva transición para dar al próximo gobernante —quien fuera, ajeno al MAS— la oportunidad de continuar la imprescindible reingeniería del Estado y su legalidad; por el contrario, el gobierno de Añez Chávez ha tenido que abocarse a contener la epidemia —desde las graves carencias en salud dejadas por el cuatroceno masista y con la falta de recursos que se dilapidaron desde el anterior período—, paliar la carestía en la microeconomía de la población —incidiendo en ese empeño nuevamente la falta de recursos dejados—, prevenir la conflictividad social azuzada por el masismo —terrorismo muchas veces—y, a la vez como era su mandato, lograr un nuevo gobierno elegido mayoritariamente y con todas las garantías de ejercicio de derechos y transparencia.
El gobierno de la presidente Añez Chávez sin dudas ha tenido errores continuados achacables a la inexperiencia en el ejercicio de gobernar y consecuente improvisación; también casos de nepotismo y corrupción —el principal: de los respiradores, consecuencia de no haber actuado desde el inicio en desmantelar de masistas los niveles de decisión de la función pública—, y no ha logrado una adecuada comunicación desde el Estado. Todo agudizado por el continuo enfrentamiento —partidario y legislativo— instruido desde Buenos Aires, la falta de acuerdo del arco de fuerzas democráticas —desunidas en fase electoralista y trascendido a la sociedad—, además de descoordinaciones internas. No obstante a todo ello, las luces resultantes son más que las sombras.
Tres candidatos han ejercido o ejercen la presidencia: Añez Chávez, Carlos de Mesa Gisbert y Jorge Quiroga Ramírez, los dos primeros hasta ahora con posibilidades y ya descartadas para el tercero. Los tres han gobernado por sucesión constitucional pero solo el de Quiroga Ramírez fue de paso entre el inicio de la crisis institucional del país con Banzer Suárez y su explosión con Sánchez de Lozada; por el contrario, De Mesa Gisbert intentó —fracasadamente— gestionar la crisis y Añez Chávez aún lo intenta.
Deseo que todos nuestros políticos se munan de lo que Salomón pidió: espíritu atento para gobernar […] y para decidir entre lo bueno y lo malo. Nos urge.
José Rafael Vilar es analista y consultor político.
