Una de las propuestas más llamativas, tal vez por polémica, en la campaña electoral del ahora presidente Luis Arce, fue el impuesto a las fortunas, iniciativa que en ese momento se calculaba produciría hasta Bs 800 millones de recaudación anual. Días atrás, el mandatario explicó que la medida afectará al “0,01% de la población”, sin embargo falta ver qué reacciones provoca.
Por su parte, el viernes, el Ministro de Economía tocó el tema en conferencia de prensa, tal vez con el ánimo de instalar un debate público conducente a identificar posibles obstáculos al tratamiento y aprobación de la norma, pero también para ratificar al Primer Mandatario en el hecho que afectará a un porcentaje verdaderamente mínimo de la población boliviana.
Tanto el Presidente como el ministro salen de esta manera al paso de versiones publicadas en algunos medios de comunicación que señalaron que afectaría incluso a la gente cuyo patrimonio consiste en una vivienda propia o un automóvil costoso; el efecto fue inquietud en gran parte de la población, especialmente entre las clases medias acomodadas.
Aunque la norma que daría paso al impuesto todavía está en fase de diseño, el ministro dio algunos adelantos, comenzando por aclarar que se trata del impuesto a las fortunas millonarias y no a la riqueza de las personas, es decir que solo tocará a personas cuya fortuna supera los $us 5 millones (o incluso más, dijo el ministro, pues aún no se ha decidido cuál es el mínimo); según los cálculos de la autoridad, afectará a “unas 150 personas” y será progresivo según la cuantía de la fortuna.
Es previsible que el proyecto de impuesto afronte críticas y resistencias, tanto como lo es que ninguno de los grandes millonarios del país se haga visible para opinar al respecto, aunque cabe esperar que lo hagan a través de sus gremios, como ya ha sucedido con la Cámara Nacional de Comercio, cuyo presidente señaló que la medida podría provocar “inseguridad jurídica” y ahuyentar posibles inversiones en el país.
Es posible que el representante de las empresas comerciales en el país esté temiendo que en el proceso de implementar el impuesto se revele quiénes son esas personas con grandes fortunas, lo cual les acarrearía vulnerabilidad, pero también es posible que sea una resistencia, muy común por otra parte, a incrementar el aporte al fisco en desmedro de la riqueza personal, por mínimo que sea.
Es evidente que la crisis que se avecina necesita medidas creativas para afrontarla, más allá de la necesaria austeridad en la gestión pública; incrementar las fuentes de recaudación es siempre una buena idea, aunque también siempre muy resistida. Habrá que ver si ese grupo de personas millonarias está a la altura del desafío y aporta al país en la medida de su fortuna y posibilidades.
