Toda transición política tiene sus matices de percepción según sea el punto de vista desde el que se analice; aunque el último cambio político suena más a retorno que a transición, ya se aprecian tintes autoritarios, de venganza en algunos casos y también de imposición de autoridades por los grupos corporativos de toda laya que no tardan en reaparecer cuando la oportunidad se presenta. Sin entrar en estos detalles, que escapan del alcance de esta columna, me llamó la atención la perspectiva variopinta que tiene la gente sobre la reactivación del sector productivo minero e industrial del país, que va desde mantener la preponderancia de la minería artesanal e informal como protagonista de primera línea, ignorar al sector privado manteniendo la camisa de fuerza que le impide aportar más al desarrollo de la minería mediana y de gran escala, mantener la expectativa en antiguos distritos ya casi marginales como Huanuni, Karachipampa, Corocoro o Telamayu, hasta proponer un Ministerio del Litio para reactivar el proyecto de Uyuni (Nota en El Financiero de La Razón del 22.11.20). Todo comprensible desde el punto de vista político pero incoherente, para decir lo menos, desde el punto de vista técnico.
Como reitero en mis escritos, la tarea principal ahora es definir si se quiere hacer minería moderna, de clase mundial, amigable con el medioambiente y que genere excedentes para el Estado y para los operadores o se quiere fomentar la minería tradicional que genera empleo a un alto costo ambiental y económico para el Estado y en el caso del oro se da un mix un poco raro pero efectivo de grupos corporativos que se aprovechan de la informalidad y/o ilegalidad para amasar fortunas en detrimento de los intereses del Estado. Hay una tercera posición obviamente, la de los grupos antiminería que tienen hoy la posibilidad de demostrar que la transición hacia una economía verde en el país es factible sin el sector extractivista (minería e hidrocarburos). Tomada la definición hay protocolos a seguir, áreas y proyectos potenciales a desarrollar, tecnologías a las que se puede acceder y personal idóneo para manejar los emprendimientos.
Otra definición necesaria, ¿seguiremos dependiendo de la inversión estatal en minería como hasta ahora o se abrirán accesos al capital privado nacional y extranjero para nuevos proyectos mineros e industriales? Hay que modificar la Constitución y las leyes sectoriales para viabilizar la segunda opción.
También es necesario definir si proyectos como la producción de hierro y acero del Mutún o la extracción e industrialización de sales de litio, potasio, boro, etc., al grado de productos intermedios y finales (v.g. cátodos y baterías de uso múltiple en el caso del litio) son objetivos políticos a conseguir a toda costa, o se pretende viabilizar proyectos competitivos en el ámbito global. Para lo último, es necesario “medir” en cada etapa la viabilidad de cada uno de ellos a nivel de Evaluación Técnica Preliminar, Pre factibilidad, hasta llegar a su Factibilidad Final (PEA, PFS, FFS por sus siglas en ingles); no estamos acostumbrados a estas delicadeces pero ya va siendo hora de un manejo adecuado de la inversión, más aún de aquella proveniente de las arcas del Estado. Así evitaríamos generar elefantes blancos o proyectos de muy baja competitividad como es el caso de la actual planta piloto de carbonato de litio, que tiene una recuperación del 18% y tendría que competir con un nivel tecnológico de última generación en proyectos similares en curso en Chile y Argentina, que tienen recuperaciones mayores al 90%, costos muy bajos y mínima afectación del entorno hidrológico de los salares. Y podemos seguir.
Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.
