El Gobierno aprobó el Decreto 4301, declarando al país en estado de calamidad pública. Esto le permitirá disponer de Bs 2.109 millones, el 1% del Presupuesto General del Estado, y destinará estos fondos para atender necesidades impostergables de carácter económico, provocadas por los efectos negativos del coronavirus, mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) autorice los créditos ya comprometidos.
La realidad y las perspectivas de la economía nacional se las puede describir de la siguiente manera: la recesión mundial también afectará el país; organismos internacionales estiman que habrá un decremento del PIB. En el presupuesto nacional 2020, el PIB se estimó en unos $us 44.000 millones, que podrían bajará a 39.000 millones. Las reservas internacionales, con los préstamos por $us 3.500 millones que están para aprobación de la ALP, llegarán a fin de año aproximadamente a unos $us 8.000 millones.
El endeudamiento externo alcanza a $us 12.000 millones, y aún mantiene un margen para endeudarse de entre $us 7.000 y 8.000 millones, de acuerdo a parámetros internacionales. La deuda interna rondará los $us 5.000 millones. Seguiremos con una balanza comercial negativa, pero no tan marcada como la del año pasado. Llama la atención la carga salarial en la administración pública, que está en unos $us 6.000 millones al año, y los ingresos por impuestos son algo más de $us 7.000 millones, según el presupuesto general de 2019.
Los nuevos créditos que gestiona el Gobierno son: $us 450 millones del BID para el proyecto “Apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por coronavirus”; $us 350 millones de la CAF para el programa “Línea de Crédito Contingente de Apoyo Anticíclico”. Luego está el préstamo de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial, por $us 70 millones, destinado a proyectos de resiliencia urbana. El cuarto préstamo, también de la CAF, por $us 11,5 millones, es para el proyecto “Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Alto”.
A estos $us 881,5 millones se le deben añadir los $us 1.500 millones que se emitirán en bonos soberanos —que ya fueron previstos por el gobierno del MAS al elaborar el presupuesto 2020—, ahora destinados a enfrentar la crisis generada por el coronavirus.
La actual administración hizo los esfuerzos necesarios para conseguir recursos externos que permitan cubrir la caída de los precios de nuestras exportaciones, la baja recaudación tributaria por ampliación de plazos por la pandemia y el presupuesto adicional para la salud.
Si la Asamblea se tomase la molestia de revisar las condiciones de los financiamientos ofrecidos, comprobaría que son más flexibles que las obtenidas por la anterior administración gubernamental. La ALP debe actuar de manera responsable, oportuna y en bien de la población en general, para brindar certidumbre sobre la sostenibilidad de sus fuentes laborales, viabilizando la aprobación de los créditos en curso, ahora bajo su jurisdicción.
Entendemos que estos recursos serán utilizados en la implementación del Programa de Reactivación del Empleo y otras medidas de la lucha contra el coronavirus. El Secretario General de las Naciones Unidas fue claro al señalar que “en un contexto en el que ya existen enormes desigualdades, niveles elevados de trabajo informal y servicios de salud fragmentados, las poblaciones y las personas más vulnerables son una vez más las más afectadas”. No autorizar los préstamos muestra a la Asamblea como despreocupada por la población boliviana.
Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, presidente de Fundempresa, PhD y miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.
