A pesar de lo erosionada que se encuentra nuestra democracia, se puede afirmar (hasta que se demuestre lo contrario) que Bolivia aún goza de una saludable cultura del voto que ha permitido que entendamos a la jornada de votación como una fiesta democrática. Habiéndose retomado por segunda vez el calendario electoral pendiente para el desarrollo de las elecciones generales 2020 pareciera ser que, en esta ocasión y casi sin tránsitos, se ha dejado de lado el debate ciudadano en torno a las complejidades que demandará llevar adelante una votación en medio de una pandemia para adentrarnos de lleno en otros temas colaterales al proceso electoral como tal.
Así, lo que parece ocurrir en el siempre dinámico espacio de la opinión pública y publicada es que aún por fuera del periodo permitido por la norma, las campañas electorales han comenzado y parecieran avanzar sin pausa rumbo a que el posicionamiento de discursos, sucesos de campaña y, ojalá, propuestas programáticas vayan copando progresivamente las agendas informativas y de opinión.
A ello se suman las no pocas demandas de acción al Tribunal Supremo Electoral (TSE) desde partidos políticos, comités cívicos y ciudadanía organizada por vías digitales que incluso llegan a exigir acciones que exceden los alcances de este proceso electoral pero que la institución deberá asumir explicando y transparentando en aras de afianzarse como el único poder estatal con la capacidad de generar espacios de encuentro, en medio de nuestra tensa coyuntura.
En suma, parece ser que la importante cantidad de cambios logísticos electorales que experimentaremos por vez primera el 18-O corren el riesgo de permanecer tras bambalinas de la avalancha de hechos que se irán desarrollando en las siete semanas que aún le preceden a la fecha de votación, donde se jugarán principalmente intereses político partidarios de poder.
Por el otro lado, en muestra de que las actividades preparatorias avanzan, el TSE aprobó esta semana el protocolo de bioseguridad que guiará el accionar de los múltiples actores institucionales y ciudadanos encargados de garantizar el éxito de la jornada electoral.
El mencionado documento consigna 51 medidas sanitarias, distribuidas en siete actividades concretas que tienen lugar en el proceso electoral y especialmente durante la jornada de votación. Las medidas de bioseguridad que se han establecido permitirán garantizar el incremento de recintos, la ampliación por una hora del horario de votación, la restricción de actividades comerciales cerca de los recintos, dos horarios para la votación diferenciados por terminación de los carnets de identidad, el sorteo de jurados exclusivamente entre ciudadanos de entre 18 y 50 años, la orientación a las y los electores, y el uso obligatorio de barbijos y lentes de protección durante la jornada de votación.
La adecuada implementación de estas medidas será el ingrediente determinante que permitirá que la ciudadanía acuda a ejercer su derecho político resguardando simultáneamente su salud y, como todas las medidas de bioseguridad relativas a la prevención de la COVID-19 que hemos ido implementando los últimos meses, tendrán su éxito garantizado solamente si toda la comunidad las conoce y practica adecuadamente.
Así, a la ciudadanía democrática interesada en que las elecciones se realicen de la manera más segura, organizada y transparente posible le corresponderá constituirse parte activa de un acelerado y complejo proceso de pedagogía electoral que permita que las innovaciones logísticas sean adecuadamente conocidas e implementadas y que su éxito le pueda ganar a la desinformación propiciada desde los ojalá pocos flancos interesados en no llevar adelante las elecciones.
Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka
