Esta semana se conoció una nueva denuncia de compra con sobreprecio por cuenta del Gobierno provisorio. Se trata, otra vez, de respiradores. El caso se suma a otros anteriores en investigación. El modus operandi es similar: se recurre a un intermediario (algunos de escasas credenciales) y se paga un precio tres o cuatro veces mayor. Habría, pues, daño económico al Estado.
El nuevo caso “Respiradores” data de mayo y junio, pero se conoció hace poco gracias al portal informativo Detrás de la verdad. Se trata de la compra de 324 respiradores de fabricación china, que fueron distribuidos sigilosamente, algunos de ellos luego reportados como fallados. El hecho es que cada unidad costó aproximadamente $us 12.000, incluido el transporte. Pero el Gobierno pagó, nada menos, $us 35.000. Por donde se vea, las cifras oficiales no cuadran.
El antecedente es conocido y generó una denuncia penal, hasta la fecha sin resultados ni responsables (provocó la salida del entonces ministro de Salud). Tiene que ver con la compra de 170 respiradores, también en mayo, de procedencia española. La operación es casi idéntica: cada respirador (ventilador, en realidad, por lo demás inservible) tenía un precio de fábrica de poco más de $us 7.000, pero la administración Áñez, intermediario por delante, pagó ¡$us 28.000! El hecho de corrupción derivó en escándalo.
Más allá de los respiradores, el modus operandi se utilizó en otros casos también denunciados, como el reciente proceso para la compra de test PCR para coronavirus. Un laboratorio uruguayo, sin intermediarios, ofreció un precio de Bs 22,8 millones por las 672.000 pruebas. Pero el Gobierno provisorio, alegando calidad, adjudicó la compra a una empresa china por Bs 47,3 millones. Los datos son elocuentes. E inocultables. Hay otros casos fallidos de intento de compra con sobreprecio hasta de barbijos.
Los casos de denuncia de compras con sobreprecio y hechos de corrupción, algunos en investigación judicial, no tienen relación solo con la provisión de insumos y equipamiento para mitigar los efectos del coronavirus en el país. Como sea, la interpelación de fondo, desde el principio, tiene que ver con la falta de información oficial y la escasa transparencia en torno al uso de recursos públicos. En ello intervinieron hasta organismos internacionales que dieron “no objeción” a las irregularidades.
La corrupción en la administración pública no es nueva. Los hechos denunciados en los gobiernos denominados neoliberales y en el gobierno del MAS se cuentan por decenas. No hubo ninguna mejora en este campo. Claro que ello no es excusa para compras con sobreprecio en plena pandemia, sobre todo si de por medio está la vida de las personas. La lucha anticorrupción en todos los niveles del Estado queda como asignatura pendiente e impostergable en la agenda de reformas del próximo gobierno.
