Cada 30 de enero, cuando el mundo conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, se abre la oportunidad de reflexionar sobre el papel que cumplen las aulas en la formación de una sociedad más justa, respetuosa y libre de violencia. No se trata solo de promover valores abstractos, sino de asumir responsabilidades concretas frente a realidades que hoy afectan de manera directa a niñas, niños y adolescentes, especialmente en escenarios cada vez más complejos como los entornos digitales. En este contexto, la correcta aplicación de la Ley Nº 1636, Para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, particularmente de su Capítulo IV, se convierte en un eje fundamental de prevención, protección y reparación.
Hoy en día, la violencia contra niñas, niños y adolescentes no se limita únicamente a espacios físicos, gran parte de las agresiones, amenazas, acoso y vulneraciones de derechos se producen en redes sociales, plataformas digitales y entornos virtuales que forman parte cotidiana de la vida escolar. La violencia psicológica, la exposición a contenidos dañinos y la captación con fines delictivos son riesgos reales que demandan una respuesta estatal articulada, oportuna y especializada.
Frente a ello, la Ley N° 1636 no debe entenderse solo como un instrumento sancionador, sino como una herramienta preventiva y formativa. El Capítulo IV de la Ley N° 1636 establece obligaciones claras para el sistema educativo en materia de prevención de la violencia, promoción de una convivencia pacífica y detección temprana de situaciones de riesgo. Aplicar correctamente esta normativa implica asumir que la prevención comienza en el aula, con información, con orientación y con una comunidad educativa preparada para identificar y actuar frente a señales de violencia.
La experiencia institucional nos demuestra que los mayores avances se logran cuando existe articulación efectiva entre todos los niveles del Estado. La lucha contra la violencia requiere un trabajo coordinado, donde directores, maestras y maestros, orientadores y operadores de justicia compartan criterios, protocolos y objetivos comunes, con el único objetivo de precautelar la integridad de las niñas, niños y adolescentes.
Desde el Ministerio Público, sabemos que investigar y sancionar es necesario, pero insuficiente si no se actúa antes del daño. La correcta aplicación de la Ley N° 1636, permite intervenir de manera temprana todo hecho que atente contra la niñez y adolescencia, evitar la escalada de la violencia y proteger de forma integral a las y los estudiantes, por eso, es importante educar oportunamente sobre el uso responsable de las tecnologías, sobre los riesgos del entorno digital y sobre los mecanismos de denuncia. Esta tarea no es opcional, es una obligación establecida en el Capítulo IV de la Ley 1636, que reconoce el rol estratégico de la educación y exige que las unidades educativas incorporen acciones preventivas, contenidos formativos y mecanismos de protección dentro de su dinámica cotidiana.
La articulación entre ambos sistemas también fortalece la confianza de la comunidad educativa cuando maestras, maestros y estudiantes saben que existen rutas claras de actuación, que las denuncias serán tratadas con la debida diligencia, que la protección de derechos es una prioridad, se rompe el silencio que muchas veces rodea a la violencia.
En un mundo cada vez más digitalizado, donde los límites entre lo público y lo privado se desdibujan, la prevención desde las aulas cobra una relevancia aún mayor. No podemos exigir a niñas, niños y adolescentes que se protejan solos en entornos digitales complejos y muchas veces hostiles, es el Estado el que debe brindar orientación, acompañamiento y protección efectiva.
Desde el Ministerio Público, seguiremos trabajando de manera coordinada con todos los niveles del Estado para fortalecer la correcta aplicación de la Ley Nº 1636 y este 30 de enero, Día Escolar de la No Violencia y la Paz, queremos reafirmar nuestra responsabilidad ética con las niñas, niños y adolescentes de Bolivia, quienes merecen crecer en entornos seguros, protegidos y libres de violencia. Creemos firmemente que prevenir es cuidar, que educar es proteger y que cada esfuerzo articulado entre el Estado, las unidades educativas y la sociedad puede cambiar el rumbo de una vida. Esta ley nos brinda el marco normativo, pero el compromiso sostenido, la cercanía con la realidad y la voluntad de actuar antes del daño, nos permitirá preservar el futuro de nuestro país, resguardar la dignidad de la niñez y construir una cultura de paz que trascienda las aulas y se arraigue en toda la sociedad boliviana.
(*) Roger Mariaca Montenegro es Fiscal general del Estado
