El Gerente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), Roberto Justiniano, denunció este viernes la toma ilegal de la Planta de Cemento Ecebol en Potosí por un grupo de personas cuyos contratos eventuales finalizaron el 31 de diciembre pasado.
En un reporte institucional, la autoridad calificó la medida como un atentado al patrimonio estatal y reveló un esquema de malversación de fondos heredado de la gestión anterior.
Justiniano explicó que el conflicto actual tiene su origen en el manejo irresponsable de los recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO). Y detalló que esos fondos provenientes del Tesoro General de la Nación tenían como destino exclusivo la construcción e implementación tecnológica de la planta.
“Para entender la gravedad de lo sucedido, debemos hablar con la verdad, el préstamo del FINPRO es para comprar maquinaria y levantar infraestructura, no para pagar sueldos. Sin embargo, las exautoridades utilizaron dinero de inversión para pagar planillas operativas de una planta que aún estaba en construcción”, explicó.
Lea más: Plantas y empresas públicas causaron un daño de $us 2.595 MM, según Lupo
Malversación
Asimismo, la denuncia técnica del Sedem señala que en 2023 se cometieron irregularidades administrativas severas. Por ejemplo, el manual de cargos preveía la contratación de máximo 15 personas para la etapa de transición; no obstante, contrataron a 80 personas.
Además, pagaron salarios por operar máquinas que todavía estaban en proceso de ensamblaje e instalación y se utilizó capital de inversión para gasto corriente.
El gerente desmintió la narrativa de despidos masivos utilizada por los movilizados. “El personal que hoy toma la planta sabía perfectamente que su relación laboral era eventual y que concluía indefectiblemente el 31 de diciembre. No podemos seguir sosteniendo un modelo de financiamiento irregular que consume el capital del Estado antes de producir la primera bolsa de cemento”, aseguró.
En ese contexto, anunció que no cederán ante presiones que busquen perpetuar la ilegalidad, por lo que se interpondrán acciones legales contra las exautoridades responsables de las contrataciones fuera de norma.
“El Gobierno está enfocado en trabajar en una fábrica que genere utilidades para Potosí, no una agencia de empleos políticos. La ley se cumple y el patrimonio del Estado se defiende”.
Justiniano hizo un llamado a los comunarios y sectores movilizados a deponer actitudes violentas y no dejarse instrumentalizar por quienes malversaron los recursos del país.
En diciembre pasado, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció que la fábrica de cemento de Potosí, inaugurada en 2023 y que demandó una inversión de Bs 2.135 millones, “no tiene ni media hora de funcionamiento”, porque no fue garantizado el suministro de gas para sus operaciones.
