Con las medidas de ajuste que aplica el Gobierno, las autoridades apuntan a que Bolivia termine el año 2026 con una inflación menor a la proyectada en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 que dejó la gestión anterior, informó el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Christian Morales.
El PGE 2026 que dejó el expresidente Luis Arce proyecta una tasa de inflación para este año de 10,1%.
Morales resaltó que luego de recibir un gobierno “golpeado”, las cifras macroeconómicas comienzas a mostrar mejoría producto de las medidas que están aplicando y en ese contexto, la inflación da señales de desaceleración.
En enero de este año, la inflación en el país registró un índice positivo de 1,31% y un acumulado de 19,64%; sin embargo, en febrero la cifra bajó a -0,62% mensual y 17,41% acumulada.
“La inflación en febrero y primera revisión de marzo ha sido deflacionaria, es decir, negativa. Creo que las medidas y políticas que estamos realizando como Gobierno están dando sus frutos y creemos que la inflación va a estar muy por debajo de lo que previamente el anterior gobierno ha puesto en el presupuesto 2026”, dijo Morales a los medios de comunicación.
Bolivia registró en 2025 una inflación acumulada de 20,40%, el nivel más alto en más de dos décadas y se superó ampliamente la meta anual de 7,5% que se había trazado el gobierno del expresidente Luis Arce.
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PGE
Respecto al PGE reformulado, Morales ratificó que están en la etapa final de su elaboración y presentará una reducción de 30% de reducción en gasto.
“Estamos ya terminando las cifras y proyecciones macroeconómicas. Entenderán que hemos recibido un gobierno golpeado y obviamente eso dificulta el tema de ver un crecimiento positivo”, dijo consultado sobre las proyecciones de crecimiento económico para el país durante esta gestión.
Asimismo, aseguró que hasta fin de mes presentarán el documento a la Asamblea Legislativa.
El nuevo presupuesto busca ajustar las finanzas públicas y sentar las bases para una mayor estabilidad económica en el país.
El Gobierno apunta a consensuar la administración de los recursos públicos con gobernadores y alcaldes electos.
Mientras tanto, el Estado opera con el PGE 2026 elaborado durante el anterior gobierno, que entró en vigencia automática el 1 de enero.
