El pedido de incremento salarial de la Central Obrera Boliviana y el paro indefinido decretado no pueden analizarse únicamente como una demanda laboral. Detrás de estas medidas existe una visión política y económica que Bolivia ya conoce: presionar al Estado, condicionar al gobierno y sostener privilegios sindicales bajo el argumento de la defensa de los trabajadores.
El problema es que el país cambió. La ciudadanía expresó en las urnas su voluntad de cerrar un ciclo económico y político marcado por el estatismo, el prebendalismo, el gasto sin sostenibilidad y la captura de instituciones por intereses partidarios y corporativos.
En ese contexto, insistir en medidas de presión como paros indefinidos o demandas salariales desconectadas de la realidad productiva no ayuda al trabajador; perjudica al país, debilita la economía y castiga especialmente a quienes viven del empleo informal, del comercio, del transporte, del esfuerzo diario y sin protección sindical.
Durante años, gran parte de la dirigencia sindical tuvo una relación cercana y, en muchos casos, funcional a los gobiernos del MAS.
Una representación con alineamientos políticos, privilegios y silencios frente al deterioro económico que hoy Bolivia enfrenta: caída de la producción de gas, menor inversión, crisis fiscal, debilitamiento institucional y menos oportunidades reales de empleo. Ante todo esto, también corresponde que quienes hoy reclaman rindan cuentas por el modelo que acompañaron y defendieron.
El verdadero debate no debería ser cuánto más se puede exigir al Estado o al sector privado en una economía debilitada. La pregunta de fondo es otra: ¿qué está proponiendo la COB para generar más empleo, atraer inversión, mejorar la productividad y formalizar la economía.
Bolivia no necesita más paros. Necesita propuestas reales. En vez de presionar por incrementos que pueden terminar destruyendo empleo, la dirigencia sindical debería plantear medidas concretas para que más bolivianos tengan trabajo digno: seguridad jurídica, incentivos a la producción, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, reducción de trabas burocráticas, formación técnica, impulso a las exportaciones y condiciones para que invertir y contratar en Bolivia no sea un riesgo permanente.
El gobierno también tiene una responsabilidad central: mostrar con claridad el rumbo económico, tomar decisiones sin demora y explicar al país cuál será el camino para recuperar crecimiento, estabilidad y empleo. Está bien anunciar, pero hoy se necesitan acciones. La incertidumbre también tiene costo, y Bolivia necesita señales firmes, medibles y ejecutables.
En democracia, todos tienen derecho a expresarse, pero la protesta no puede reemplazar a la propuesta. Menos cuando se utiliza como instrumento de presión ideológica y no como una vía seria para construir soluciones.
El país necesita dejar atrás las consignas que solo defienden estructuras del pasado.
Hoy Bolivia requiere una conversación responsable sobre crecimiento, inversión, productividad y empleo. Porque el verdadero compromiso con los trabajadores no está en paralizar el país, sino en crear las condiciones para que más bolivianos puedan trabajar, producir y salir adelante.
*Es parlamentario supraestatal.
