La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) propuso este lunes hacer una pausa o derogar el artículo 12 de la Ley 767, y destinar el 12% del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) que es deducido a gobiernos subnacionales y otras entidades con el que se alimenta un fondo de exploración hidrocarburífera a atender la emergencia sanitaria por el COVID-19 y sus consecuencias.
“Solicitamos a su autoridad emitir una disposición legal que permita dejar sin efecto durante seis meses la deducción del 12% que se realiza de forma mensual a los recursos del IDH, el cual se destina al Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación de Hidrocarburos (FPIEEH) y que el importe resultante sea destinado al sector salud y al fortalecimiento de los sectores productivos golpeados por la pandemia”, se lee en una nota que envió dicha institución a la presidenta Jeanine Añez, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a la Cámara de Senadores.
De los recursos que se obtengan, el 50% debería destinarse a salud, el 25% a garantizar la alimentación de los sectores necesitados y el otro 25% para la reactivación de la economía local, explicó el presidente de la FAM, Álvaro Ruiz.
“En este caso no requeriríamos de ningún préstamo. A partir del 2016, nos han venido descontando el 12% a los municipios, universidades y gobernaciones por conceptos de IDH. Esto recursos tenían que ser utilizados para el fomento a la inversión petrolera y hasta ahora ronda por los $us 500 millones. Lo que pedimos los municipios es que nos puedan devolver esos recursos porque no se ha implementado en dicha acción”, añadió el también alcalde de Uriondo.
El 11 de diciembre de 2015, se promulgó la Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera o Ley 767 que en el artículo 12 establece que el fondp se financiará con el 12% de los recursos del IDH, antes de la distribución a las Entidades Territoriales Autónomas, Universidades Públicas y todos los beneficiarios (…) a partir del mes de enero de la gestión 2016, considerando la producción fiscalizada del mes que corresponda, de acuerdo a normativa vigente.
En criterio de Ruiz, el principal problema que afrontan los municipios es la falta de laboratorios y la disposición de pruebas rápidas. “Casi un mes hemos estado solo con un laboratorio. Acelerar esta implementación nos ayudaría al diagnóstico más eficaz”, señaló.
En 2018, la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo 3722 del 21 de noviembre de 2018, señala que los recursos del FPIEEH “deberán ser transferidos de forma automática a una cuenta específica de titularidad del Banco Central de Bolivia, para su custodia”.
