Trece instituciones que defienden los derechos de las mujeres, de la niñez y la adolescencia decidieron denunciar a la comunidad internacional a la administración de justicia que lleva adelante audiencias en casos de violencia, feminicidios, violaciones e infanticidios, no para hacer justicia, sino con el único fin de aliviar el hacinamiento en los penales bolivianos.
“Hemos decidido llegar a la comunidad internacional y pedir una medida cautelar, además de un pronunciamiento a la relatora de Género y Violencia a la Mujer y Niños de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), porque nuestros miedos empezaron a hacerse realidad”, informó Mercedes Cortez, abogada de Voces Libres.
El 7 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió la circular 06/2020, en el que instruye a los tribunales departamentales de justicia reanudar las audiencias donde se vean comprometidos derechos, conociendo audiencias de cesación a la detención preventiva y de revisión del cumplimiento plazos.
Las audiencias de cesación deben realizarse virtualmente, a través del sistema Blackboard. Sólo en lugares específicos donde no hay acceso a internet las vistas judiciales se realizarán de manera presencial, dispone el instructivo.
La circular no exime de este procedimiento a los privados de libertad en casos de feminicidio, infanticidio y violación de menores.
Las activistas solicitaron la modificación de esa disposición, pero la respuesta fue negativa.
“La presidenta del TSJ, Cristina Díaz, manifestó que no es posible atender el pedido, que la ley es para todos y no se puede cambiar la circular”.
Este el caso del Juzgado Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer N°2, presidido por Israel Hinojosa, que este lunes otorgó medidas sustitutivas –detención domiciliaria y una fianza de bs 70.000– a José Luis V. O., un profesor imputado por abuso sexual de tres niñas de sus alumnas, de nueve años, al amparo de la criticada Ley 1173 o Ley de Abreviación Procesal penal.
La audiencia se llevó a cabo en ausencia de la defensa de las víctimas, que no pudo llegar debido a las restricciones de la cuarentena.
En Santa Cruz, Alejandro T., recluido por el feminicidio de su esposa Nancy V., solicitó la cesación de la detención preventiva por «cumplimiento de plazo», pero el juez rechazó la petición.
“La (familia de la) víctima y sus abogadas estuvieron presentes arriesgando su salud e integridad”, afirmó Cortez.
“Estamos pidiendo ayuda por estos y otros casos. Queremos denunciar lo que está pasando, que no hay miedo infundado, es real. Los agresores están intentando salir de las cárceles”, recalcó.
La mayoría de las víctimas son de escasos recursos económicos, por eso son asistidas por instituciones, “No cuentan con dinero para movilizarse en esta cuarentena y tampoco para costear el servicio de internet para las audiencias virtuales”.
