La Fiscalía Departamental de Chuquisaca informó que la noche de este domingo se presentó la imputación formal en contra de Lidia H. C., Albino H. C., Epifanio L. G. y Landert L. M. V. por presuntamente haber incumplido la cuarentena al haberse trasladado desde Villa Tunari (Cochabamba) hasta Tomina (Chuquisca) sin la correspondiente autorización policial.
“Durante la jornada del sábado se realizaron los primeros actos investigativos y se encontraron elementos de convicción que hacen presumir la existencia del hecho delictivo y la probable autoría de estas personas provenientes del municipio de Villa Tunari por lo que se emitió la correspondiente imputación y se está a la espera de que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares”, dijo el Fiscal de turno, Roberto Maidana.
Según la información proporcionada, Lidia H. C. y Albino H. C. fueron imputados por la presunta comisión de delitos contra la salud pública, uso indebido de bienes del Estado, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, mientras que Epifanio L. G. fue imputado por delitos contra la salud pública, uso indebido de bienes del Estado e incumplimiento de deberes y Landert L. M. V. por delitos contra la salud pública y uso indebido de bienes del Estado.
Se evidenció que el vehículo simplemente cuenta con un permiso de circulación en el territorio municipal de Villa Tunari y no con el permiso de circulación que otorga la Policía.
Los sospechosos se identificaron como una delegación del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari que se trasladó al municipio de Tomina con el fin de realizar la entrega de una ayuda humanitaria; sin embargo, en la requisa se encontró actas de agradecimiento dirigida a la Federación del Trópico Cochabambino. En la Radio Kawsachun Coca se mostraron fotos del cargamento de fruta que se llevó a Tomina.
“Queremos hacer notar que todo lo realizado en la presente investigación está en el marco de la ley y bajo el principio de objetividad que rige a la institución”, dijo Maidana.
Por la mañana, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, señaló a La Razón que la respuesta del Ministerio Público ante una acción solidaria fue «no razonable y desproporcionada». Calificó este procedimiento como un acto de persecución.
(19/04/2020)
