El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, aseguró que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ordenó interponer una denuncia en su contra por la contratación de la empresa -sin Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)- para la provisión de alimentos destinado a policías y militares que hacen cumplir la cuarentena.
“Prácticamente ordena a los concejales que inicien una demanda penal contra el alcalde”, aseguró en alusión a las declaraciones de Murillo tras ser consultado sobre un video en el que se denunciaba la entrega, por parte de la Alcaldía, de comida en mal estado a policías y militares
Murillo ante la consulta preguntó: “¿Hay concejales en Cochabamba?, si hay una denuncia contra la Alcaldía, dónde están los concejales. Yo les pido a esos concejales que esa denuncia la hagan a la Fiscalía, y el Ministerio Publico también que actué de oficio, es su labor, que no esperen que el ministro Murillo meta denuncias a todo el mundo, yo no soy el sheriff, solo soy el ministro de Gobierno”.
Es más, dijo, que si los concejales no denunciaban la irregularidad, él lo haría, y “si hay corrupción en eso, metan a la cárcel. Cochabamba no merece tener autoridades corruptas (…) Si no lo hacen, yo voy a actuar, no voy a permitir que a policías y militares se les dé un plato de comida podrido, además no vamos a permitir que hagan corrupción en un momento delicado, pido una investigación y pregunto, ¿hay concejales acá?, si no hay, cierren el Concejo”.
Según Leyes, esa advertencia no fue ignorada por los concejales que, sostuvo, a las 11.30 de la mañana del lunes presentaron la denuncia ante la Fiscalía y ésta, a las 16.00, allanó la oficina de Contrataciones.
“En dicho allanamiento secuestran la carpeta del proceso de contratación, se la llevan, no solo se llevan, además proceden a precintar la oficina”, denunció.
Además, aseguró, los concejales denunciantes, Edwin Jiménez del Frente Único, Celima Torrico del Movimiento al Socialismo (MAS) y Carlos Coca de Demócratas, hicieron una “falsa denuncia” al no mencionar la comida en mal estado y resaltar la compra fuera de normativa porque la empresa Bunker, no presentó el RUPE.
Jiménez aseguró que los concejales solo fiscalizan los actos del Ejecutivo.
“Estamos obligados a exigir que la norma se cumpla. Presentamos la denuncia para que se investiguen. Serán los investigadores los que digan si tenemos o no razón. Estamos hablando de más de Bs 65 millones que se aprobaron y se debe fiscalizar”, explicó y descartó un interés político tras la denuncia
Sobre la actuación de la Fiscalía, Leyes anunció que pedirá al juez cautelar le informe si hubo mandamientos de allanamiento, si el fiscal asignado “lo hizo con orden del juez cautelar, porque todo allanamiento se hace con orden judicial, sino es así, tendrá que responder”, advirtió.
