La Fiscalía precintó todas las oficinas de la dirección de Contrataciones, impidiendo la compra de insumos para combatir el COVID-19, aseguró este martes la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba, que anticipó que presentará una querella en su contra del fiscal de turno por el presunto delito de atentado a la salud pública.
El alcalde José María Leyes, en una rueda de prensa que comenzó pasadas las 13.00, aseguró que no hubo irregularidades en la compra de 34.890 raciones de comida para policías y militares que velan por el cumplimiento de la cuarentena. Según los uniformados, los alimentos estaban en mal estado.
La denuncia contra Leyes por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la norma y contratos lesivos al Estado fue interpuesta el lunes por los concejales Edwin Jiménez, del Frente Único; Oscar Coca, de Demócratas, partido del alcalde; y Celima Torrico, del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los tres legisladores, que integran la Comisión Económica del Concejo Municipal, sostienen que el Ejecutivo edil contrató a una empresa −Bunker & Grill− que no cuenta con el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) para que provea 34.890 raciones por Bs 448.000
“Fue una compra por emergencia. Hemos visto qué proveedores han proveído servicios al Estado para invitarlos a que presenten propuestas, esta empresa ya prestó servicios de alimentación y la contratamos”, aseguró el alcalde en una rueda de prensa ofrecida pasadas las 13.00.
La “orden de compra” fue emitida en cumplimiento del Decreto Supremo 4200 que ordena dotar de alimentación a policías y fuerzas armadas en la actual coyuntura. “Si no lo hacíamos, nos iban a sancionar”.
Tras la denuncia, el fiscal de turno Rodrigo Soria y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) allanaron las oficinas de Contrataciones de la Alcaldía y se llevaron toda la documentación tras una denuncia telefónica, según la cual funcionarios sacaban los documentos vinculados al caso fuera del horario de trabajo.
“Para contrataciones mayores a Bs 20.000 se requiere el Rupe, y es obligación del proveedor presentar este documento”, insistió Jiménez
La secretaria edil de Asuntos Jurídicos, Rocío Peñaranda, hizo una inspección al edificio donde están las oficinas de Contrataciones y constató que se precintaron “los pisos 2, 3 y 7”.
La medida impide el ingreso de 30 funcionarios de esa repartición, quienes tienen que procesar la contratación de insumos médicos y hospitalarios y de personal para los centros de salud, entre otros.
“Vamos a tomar acciones, tendremos que meter un proceso contra el fiscal, porque está coartando nuestro derecho de hacer compras, por atentar contra el derecho a la salud”, advirtió Peñaranda.
La funcionaria destacó que todos los documentos referidos al tema fueron entregados a la Fiscalía la tarde del lunes, por lo que “no correspondía el precintado”.
“No es correcto lo que ha hecho la Fiscalía, porque se llevó la documentación del contrato que estaba verificando”.
Los documentos son analizados por investigadores de la fuerza anticrimen para establecer si hubo o no delitos en la adquisición directa de la raciones de comida. (28/04/2020)
