La presidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Rocío Molina, advirtió este lunes que la baja en las tres fuentes de financiamiento de las alcaldías pone en riesgo la contratación de personal, el pago de bono de discapacidad y la prestación de los servicios ediles como las defensorías de la niñez y los servicios integrales.
Molina, concejal de la ciudad de Cochabamba, informó que se encuentra en la ciudad de La Paz para sostener una reunión, este martes, con autoridades del Gobierno, en la que solicitará la aprobación de dos leyes encaminadas a paliar la reducción en los ingresos de los municipios, debido a la baja del barril del petróleo y a la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19).
Molina precisó que hay un descenso en las transferencias a los gobiernos municipales por concepto de coparticipación tributaria que llega al 67% y que se avecina, entre junio y julio, una reducción en los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de más del 70%. A esas bajas en dos fuentes de financiamiento se suma la poca recaudación por concepto de impuesto ediles, que hasta ahora no llegó ni siquiera el 10% por causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
La reducción en esos ingresos repercute en el trabajo de gobiernos municipales, advirtió Molina. “Están en riesgo los servicios municipales como por ejemplo la contratación de personal de salud y educación, que justamente se realiza con esas fuentes de financiamiento, el pago del bono de discapacidad, también los recursos para los guardias municipales que los necesitamos y ni qué decir del personal de contratos para sectores de atención vulnerable como los SLIMs (Servicios Legales Municipales) y las defensorías de la niñez”, declaró a radio Panamericana.
Pero, además, la disminución de los ingresos pone en serio riesgo la ejecución de los programas operativos anuales que fueron elaborados en septiembre de 2019, agregó la Presidenta de la AMB.
En ese sentido, pedirá al Gobierno la aprobación de dos normas legales. Primero la creación de un fondo de compensación, mediante el cual se otorgue a municipios los Bs 953 millones que dejaron de percibir en el primer cuatrimestre de este año. Para este caso, la AMB sugiere obtener recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), de donaciones y de créditos concesionales internacionales.
La segunda norma que pide la AMB, que ya está en trámite en la Cámara de Diputados, es la devolución del 12% de sus ingresos que descontaron a las alcaldías desde 2016, para destinarlo a la explotación y exploración de hidrocarburos. Molina indicó que ya hay Bs 500 millones acumulados por este concepto.
