Ante la promulgación del Decreto Supremo 4245, que delega la contención y prevención de la pandemia por el COVID-19 a las Entidades Territoriales Autónomas, y la falta de recursos económicos para encarar la tarea, los alcaldes de Cochabamba decidieron ingresar en huelga de hambre desde el lunes 8 de junio.
“Amdeco toma la decisión de declararse en huelga de hambre, el lunes, desde las 10.00 de la mañana. Del mismo modo, conmina a la FAM (Federación de Asociaciones Municipales), a una reunión de emergencia”, informó el presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce Rodríguez.
La medida fue comunicada después de una reunión de evaluación que congregó a los alcaldes de los 47 municipios de Cochabamba. En el encuentro, las autoridades analizaron la situación económica de cada municipio que, dicen, cada vez es peor, son varios meses que reclaman la falta de dinero producto de la reducción de transferencias desde el gobierno central, por conceptos de coparticipación tributaria y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
A estos recortes se suma la imposibilidad de captar recursos propios por impuestos, iliquidez que derivó en retrasos para el pago de salarios de trabajadores municipales, atención de proyectos y se teme el despido de consultores en línea y personal de salud contratado por cada municipio para reforzar la atención en centros y hospitales.
Arce aseguró que la huelga no pretende conseguir beneficio personal. “Los alcaldes, buscamos que los programas y proyectos tengan continuidad, que los pacientes que tengan Covid tengan un lugar donde hacerse atender”. Acotó que durante los siete meses del gobierno de Jeanine Áñez los municipios fueron abandonados y, ante la pandemia, “hay un manejo irresponsable, en el momento más crítico levanta las manos, abandona a los municipios y nos delega la tarea, sin recursos, sin ítems, sin insumos, sin kits para pruebas”.
En el mismo contexto, la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), que aglutina a los nueve municipios capitales del país, incluido El Alto, se declaró en emergencia y pidió instalar una mesa de diálogo para encontrar soluciones al conflicto.
“Nos dan toda la responsabilidad pero no nos dan un centavo, por ello, exigimos los recursos que nos corresponden porque desde enero, tenemos una disminución del 60% de transferencias por la coparticipación tributaria y se viene la disminución de más del 80% de recursos del IDH en junio”, manifestó Rocío Molina, presidenta de la AMB.
