La jueza cautelar de San Borja Claudia Bascopé Chávez benefició con medidas sustitutivas a Jaime P. M., de 39 años, sentenciado en primera instancia a 30 años de cárcel por el feminicidio de su esposa Pamela Viviana M. C., de 29.
Familiares de la víctima y la Fundación Voces libres denunciaron que el reo fue beneficiado con la detención domiciliaria, sin resguardo. El preso presentó un certificado del médico del penal de Mocovi, Beni, quien lo catalogó como sospechoso de COVID-19. Sin embargo, ese diagnóstico no fue corroborado por laboratorio.
“La audiencia se llevó a cabo hace dos días. Se ha liberado a un condenado que ya se encontraba con sentencia ejecutoriada”, denunció Mercedes Cortez, abogada del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres.
La audiencia se celebró el viernes 19 de junio. La defensa del preso alegó que Pimentel Marca tiene sospecha de COVID-19.
Al concluir la audiencia, la jueza dispuso el cese de la detención del condenado, ordenó que se presente a la Fiscalía una vez por semana, pero no fijó fianza, ni pidió garantes personales. Solo emitió la orden de arraigo nacional que debía ser tramitada ante Migración.
De acuerdo con la denuncia, Bascopé autorizó que el sentenciado vuelva a su casa en Rurrenabaque, una vez obtenga el arraigo.
El feminicidio de Pamela Viviana, madre de dos adolescentes de 13 y 15 años, fue cometido el 1 de abril de 2019, en el municipio beniano de Santa Rosa. Tras ser aprehendido, el sujeto confesó el crimen y pidió un juicio abreviado.
“Aparentemente, no se le notificó personalmente con la sentencia, sus abogados alegaron que su cliente no fue notificado de la manera correcta, olvidando que en la audiencia en la que fue condenado, él estaba presente. Un juez dio curso al pedido y él adquirió el derecho para apelar a la sentencia y pedir la cesación de la detención”, explicó Cortez.
Además, presentaron documentación que acredita que tiene trabajo, familia y domicilio; un certificado de buena conducta emitido por su comunidad, uno de buena conducta en el penal y uno del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) en el que no figura como sentenciado a 30 años de cárcel por feminicidio.
“La familia de Viviana está muy dolida e indignada. Y no es para menos. La jueza, desconociendo que existe la posibilidad de un reenvío de causa y que debía garantizar que Pimentel no influya en los testigos, hasta que la sentencia de primera instancia sea ejecutoriada, enervó los riesgos procesales y ordenó la cesación de la detención”, .
La familia de Pamela Viviana considera que esta decisión muestra parcialidad y solicita la investigación de un posible consorcio de jueces y abogados por algunos indicios que han detectado.
“Según el relato de la familia, el abogado de Pimentel insistió en que su cliente tiene COVID- 19, pero, si esto es verdad y un laboratorio lo comprobara, lo correcto era que la jueza lo envíe a aislamiento dentro del mismo penal de Mocoví o a un hospital, pero no que le permita viajar a Rurrenabaque, donde podría causar un contagio masivo”, lamentó Cortez.
La Fundación y los familiares presentaron un recurso de apelación y se espera que el Tribunal de Alzada emita una resolución que revoque la decisión de Bascopé.
Fuga
Pero este no sería el único caso. En Cochabamba, un juez liberó a un sentenciado a 20 años de cárcel por tentativa de feminicidio, quien dejó el penal y se dio a la fuga.
“Por un tema de formalismo y de la misma forma, ausencia de notificación con la sentencia escrita, presentaron un incidente de nulidad y el agresor, sentenciado a 20 años de cárcel, logró cesar la detención y salió de la cárcel”, explicó Cortez.
La víctima logró apelar. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó que se cumpla la condena, porque fue sometido a procedimiento abreviado, pero cuando se quiso notificarle con este fallo, el agresor no fue encontrado.
“En este caso, puede aparecer y terminar con la vida de su pareja”, advirtió al abogada de Voces Libres.
Cortez observó que estos casos ponen en evidencia a algunos jueces que “no se convierten en garantes de la justicia y ven que los derechos de las víctimas están por debajo de los agresores”.
(23/06/2020)
