Luego de meses de conflicto en la zona, vecinos de K’ara K’ara, al sur de Cochabamba, firmaron un acuerdo con el Alcalde, la Gobernadora y la Defensoría del Pueblo para permitir el ingreso de los carros basureros al botadero y comenzar a resolver las demandas vecinales
Después de más de 11 horas de negociaciones, la madrugada de este sábado fue resuelto el conflicto con la firma de un documento entre representantes de los llamados “autoconvocados”, el alcalde José María Leyes, la gobernadora Esther Soria y el delegado defensorial Nelson Cox.
El conflicto había recrudecido en medio de la cuarentena por la propagación del nuevo coronavirus, cuando los vecinos incluso habían demandado la suspensión de la medida, la convocatoria a elecciones y la renuncia de la presidenta transitoria Jeanine Áñez. Hace más de dos semanas, la crisis persistió con el cierre del botadero instalado en la zona, en demanda de varias demandas, entre ellas la provisión de servicios públicos.
Ahora, la resolución de la crisis atendió varios puntos: el inicio del cierre del botadero municipal en un plazo de 30 días a partir de la contratación de nuevos servicios; la presentación de un recurso de inconstitucionalidad del Decreto Supremo 4260, que dispone clases virtuales, a cargo de la Defensoría del Pueblo; el estudio de factibilidad técnica para la instalación de un horno crematorio en la zona a cargo de la Alcaldía y la Gobernación; el desarrollo de planes de reactivación económica de la zona; la conformación de brigadas médico naturistas para la emergencia sanitaria por el COVID-19 y la entrega de raciones alimenticias hasta el 15 de junio.
Detenidos
El punto más conflictivo, que demandó varias horas de discusión, fue el reclamo por la liberación de tres dirigentes de la zona detenidos, Oswaldo Gareca, Remy Áñiz y la candidata a senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lucy Escobar. La Defensoría del Pueblo regirá una comisión interinstitucional para coadyuvar en la preservación de los derechos humanos de los involucrados, además de apoyo jurídico y social.
El conflicto en K’ara K’ara fue considerado por el Gobierno y el ministro Arturo Murillo como un foco de “sedición” y “terrorismo”. Con ese argumento propició la detención de los tres dirigentes, quienes fueron interceptados por agentes civiles cuando se aprestaban a enviar ayuda solidaria al Trópico de Cochabamba.
La semana pasada, incluso el grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala (RJC) intervino en la crisis al amenazar con echar basura en la casa de Leyes y Soria, además de interrumpir el paso de cisternas de provisión de agua potable a la zona.
Además de cuestionar la acción de “grupos privados” con la “aquiescencia de algunas autoridades”, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coincidieron en rechazar la penalización del conflicto por parte del Estado.
La OACNUDH instó a las autoridades “a abstenerse de adoptar cualquier acción desproporcionada que pueda transgredir los derechos humanos de las personas, tales como la utilización indebida del derecho penal, el uso excesivo de la fuerza o la privación arbitraria de la libertad”. “La @CIDH reitera a #Bolivia sus obligaciones de garantizar los derechos humanos; de no criminalizar a líderes, lideresas y participantes de las protestas sociales; y de no utilizar tipos penales vagos o que sancionan acciones propias de la protesta social”, escribió en Twitter la CIDH.
(11/07/2020)
