Este miércoles terminó la angustia de los familiares de una veintena de personas que fallecieron a causa del coronavirus en el Hospital Obrero y que sin su consentimiento la CNS decidió enterrarlos en una fosa común en un botadero municipal de la zona norte de Oruro, el 20 de julio.
Cerca de las 11.30 y con todas las medidas de bioseguridad, exhumaron los cuerpos, algunos de los cuales luego fueron enterrados en el Cementerio Jardín que está a unos metros del terreno y otros fueron llevados hasta el Cementerio General para su cremación.
Frustrados y molestos quedaron el martes los familiares por la suspensión de las operaciones para recuperar los cuerpos debido a la falta de un representante de la CNS; ellos se habían dado cita en lugar desde las 16.00.
“Hemos esperado desde las 16.00 para poder reconocer el cuerpo de nuestros seres queridos, sin embargo, el personal de la Alcaldía recién llegó a las 19.00 y las maquinarias una hora y media después. Se abrió la puerta de este autodenominado Cementerio COVID y comenzaron con la remoción de tierra, pero a las 23.00 nos comunican que no iban a seguir porque no se encontraba un representante de la CNS”, relató a La Razón Alfredo Valles, un familiar afectado.
Ellos decidieron hacer vigilia hasta las 05.00 de este miércoles y luego se trasladaron hasta el domicilio del administrador de la CNS, José Verduguez, para reclamar la ausencia de su personal en el operativo.
Según declaraciones de las autoridades municipales y de la CNS, los cuerpos permanecieron en la morgue del Hospital Obrero durante varios días sin ser reclamados, razón por la que determinaron enterrarlos en una fosa común en un botadero municipal de la zona norte de Oruro.
Estas declaraciones fueron desvirtuadas por los familiares, varios de ellos tenían contratos con funerarias para realizar la inhumación al día siguiente del deceso.
“Nosotros ya habíamos contratado los servicios fúnebres para mi padre al día siguiente de su fallecimiento; cuando junto con el personal de la funeraria fueron hasta el Hospital Obrero les restringieron el ingreso por el temor a contagios. Ya el lunes 20 de julio nos enteramos que ya no estaban en la morgue”, acotó Valles.
Los familiares decidieron continuar con el proceso penal instaurado contra el alcalde de Oruro, Saúl Aguilar, y el administrador de la CNS.
“El delito que se cometió debe ser sancionado y por la memoria de nuestros fallecidos no podemos permitir que este hecho quede impune, se debe sancionar por lo que todos seguiremos con el proceso”, acotó Valles.
(26/08/2020)
