Frustrados quedaron el martes los familiares de una veintena de cuerpos de personas que fallecieron en julio por coronavirus en el Hospital Obrero y que el 20 de ese mismo mes fueron enterrados en una fosa común en un botadero de basura de la Alcaldía de Oruro, sin su consentimiento.
Después de haber iniciado un proceso penal y que el gobierno local emitiera una resolución, se citó a los parientes para proceder con la exhumación de los restos prevista para las 17.00, sin embargo, el personal edil recién se constituyó en el lugar a las 19.00 y cuando empezó a cavar frenaron las operaciones porque no se encontraba un representante de la Caja Nacional de Salud (CNS).
“Hemos esperado desde las 16.00 para poder reconocer el cuerpo de nuestros seres queridos, sin embargo, el personal de la Alcaldía recién llegó a las 19.00 y las maquinarias una hora y media después. Se abrió la puerta de este autodenominado cementerio COVID y comenzaron con el removimiento de tierra, pero a las 23.00 nos comunican que no iban a seguir porque no se encontraba un representante de la CNS”, relató a La Razón Digital Alfredo Valles, un familiar afectado.
Según declaraciones de las autoridades municipales y de la CNS, los cuerpos permanecieron en la morgue del Hospital Obrero durante varios días sin ser reclamados, razón por la que determinaron enterrarlos en una fosa común en un botadero municipal de la zona Norte.
Estas declaraciones fueron desvirtuadas por los familiares, ya que varios tenían contratos con funerarias para realizar la inhumación al día siguiente del deceso.
“Nosotros ya habíamos contratado los servicios fúnebres para mi padre al día siguiente de su fallecimiento, cuando junto con el personal de la funeraria fueron hasta el Hospital Obrero les restringieron el ingreso por el temor a contagios. Ya el lunes 20 de julio nos enteramos que ya no estaban en la morgue”, acotó Valles.
En medio del frío y del riesgo de contaminación, los familiares realizaron una vigilia en el sector toda la noche y la madrugada de este miércolles. A las 05.00 decidieron trasladarse hasta el domicilio del administrador de la CNS, Julio Verduguez, donde hicieron un mitin de protesta.
“Luego de tenernos desde la 05.00 en la casa del doctor Verduguez, recién asignó una persona para que pueda registrar la salida de cada uno de los cuerpos”, dijo Valles.
Desde las 11.00 recién se procede con la exhumación. Los familiares anunciaron que continuarán con el proceso penal contra el alcalde Saúl Aguilar y el administrador de la CNS.
(26/08/2020)
