El viceministro de Defensa del Consumidor y exconcejal de La Paz, Jorge Silva, consideró este jueves que uno de los Puentes Trillizos (Libertad) de la sede de Gobierno se convirtió solo en un parqueo de vehículos producto de la “improvisación y la falta de planificación”.
“Es el resultado de esta improvisación y de la falta de planificación que hasta la fecha no se haya rehabilitado el puente Libertad (…) y que hoy esté utilizado solo como un parqueo absolutamente irregular”, dijo el exconcejal en una entrevista con La Razón Radio.
Este medio de comunicación visitó el miércoles la enorme estructura y constató que el carril de subida es utilizado por militares de una repartición cercana y otros ciudadanos civiles para estacionar sus motorizados de cuatro ruedas y también motocicletas.
El tráfico vehicular por el puente Libertad, de 233,50 metros lineales y que conectaba hacia Bajo Llojeta, quedó suspendido desde hace dos años por un deslizamiento de gran magnitud en el sector de San Jorge-Kantutani.
Por tanto, “estos Puentes Trillizos han sido construidos sin la planificación necesaria, toda vez de que, por ejemplo, en el caso del puente Libertad, de acuerdo al informe que recibimos en ese momento de la Alcaldía, (conectaba) a una zona no autorizada para la construcción, (las viviendas derrumbadas) no tenían las planimetrías aprobadas ni los planos de construcción autorizados; entonces, en razón a qué factores técnicos se construyeron los puentes, en especial el puente Libertad”, cuestionó Silva.
En ese sentido, recordó que también pidió, en su época de concejal, a la Contraloría realizar una auditoría a la obra, “pero lamentablemente no se logró un resultado favorable”.
“Ahora los paceños deberíamos exigir que la inversión (millonaria) en la obra tenga un fin social y un objetivo (…) porque, además, no sabemos si este puente tiene que ser demolido o finalmente va a servir para conectar (otra vez) las vías de ese sector”, agregó.
Los Puentes Trillizos tuvieron un costo de $us 19,5 millones, financiados con un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
“Pero no solamente (se trata de) los 19 millones, nosotros denunciamos que se había utilizado $us 4 millones más (y eso) ya era un sobreprecio porque el contrato original que se firmó era llave en mano y no establecía posibles incrementos”, remarcó.
Finalmente, pidió al nuevo alcalde de La Paz, Iván Arias, que una de sus prioridades sea la búsqueda de una solución a este problema.
