El Ministerio Público emitió la citación para que la exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa se presente a declarar, en calidad de testigo, por el caso de los 800 “ítems fantasma”. Junto a ella, otros cinco funcionarios deben comparecer ante esa oficina.
“Luego de la conformación de la comisión de fiscales, ayer (viernes) hemos trabajado hasta altas horas de la noche para emitir los requerimientos a diferentes instituciones y con diferentes actos investigativos. Estamos citando para declarar en calidad de testigo a la exalcaldesa Angélica Sosa y otros cinco exfuncionarios”, informó la representante de la comisión de fiscales, Marcela Terceros.
Entre los convocados para declarar también está el principal acusado, Antonio P. V.; Javier C. C. (exdirector de Recursos Humanos de la gestión de Angélica Sosa), Javier C. M. (exasesor de Recursos Humanos) y Julio H. A. (exfuncionario municipal), entre otros.
De acuerdo con el informe del fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, se solicitó un informe a la Dirección de Migración, que señala que Antonio P. V. continúa en el país.
El 22 de noviembre, Valeria Rodríguez, exesposa de quien fue director de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz, Antonio P. V., denunció ante el Ministerio Público a su expareja por los contratos irregulares. Presentó un legajo con documentos que respaldan sus acusaciones.
La mujer también denunció a la exalcaldesa Sosa de ser la principal responsable de los presuntos hechos ilícitos. Por ello, sostuvo que fue víctima de amenazas de parte de la exautoridad.
“Ella (Sosa) me dijo con palabras textuales: ‘Cuánto es tu problema, cuánto necesitas. Por favor, no saques nada porque me vas a tumbar a mí y al exalcalde (Fernández), es una persona mayor y le vas a hacer daño’”, relató la mujer en la red Unitel.
Jerjes Justiniano, abogado de Sosa, explicó a LA RAZÓN que su defendida niega todas las acusaciones en su contra, tanto de los ítems fantasma como de las amenazas de muerte contra Rodríguez, y dijo que la exalcaldesa es “la primera interesada en que se esclarezcan estas denuncias”. Adelantó que Sosa acudirá a la convocatoria del Ministerio Público para declarar como testigo.
“Con relación a las presuntas amenazas, la señora Valeria Rodríguez dijo primero que la señora Angélica Sosa la amenazó de muerte, luego dijo que la llamó para que no haga nada; entonces, no hay uniformidad en lo que habla y sus palabras tienen menos credibilidad”, explicó el abogado.
Solicitud
Justiniano añadió que, respecto a los ítems fantasma, “ella (Sosa) está pidiendo al Ministerio Público que investigue profunda y exhaustivamente este caso, porque si existieron 800 ítems falsos, eso no es de una sola persona, tendrían que haber intervenido muchas personas”.
Afirmó que una vez que Sosa reciba la notificación para declarar asistirá a esa y a otras convocatorias, ya que es “la primera interesada en que este caso se esclarezca y asumirá la calidad de testigo en este hecho”.
Justiniano aclaró que el principal acusado de este caso, Antonio P. V., fue funcionario de la Alcaldía en la gestión del alcalde Percy Fernández hasta 2018 y luego fue cambiado a otra repartición.
Mencionó que las acusaciones en contra de su defendida son políticas y que con ellas buscan desprestigiar a la exautoridad, quien piensa en un futuro “fortalecer el liderazgo que consiguió en Santa Cruz en los últimos años”.
La Alcaldía pide investigar al fiscal Mariaca
El director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Ever Mérida, señaló que pedirá investigar al fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, por haber rechazado las denuncias presentadas en mayo por otro caso de ítems fantasma.
De acuerdo con la explicación del funcionario, en mayo fue descubierto el primer caso de ítems fantasma en la Alcaldía y la denuncia fue presentada a la Fiscalía; sin embargo, Mariaca rechazó iniciar una investigación a pesar de que la Alcaldía presentó 4.500 fojas con pruebas y evidencias de los supuestos ilícitos.
“El mismo fiscal (Mariaca) ha señalado que esta investigación es de poca relevancia social y económica, y eso ha llamado la atención a la comisión de fiscales y ha dispuesto un análisis más pormenorizado de este tema y ha ordenado la remisión de ese proceso a Sucre para que sea sujeto a un análisis más profundo”, dijo Mérida.
Sobre el caso, también se supo que el asesor jurídico de una repartición municipal, Luis Flores, es el suegro del fiscal Mariaca y se presume que éste rechazó las denuncias para no perjudicar a su familiar, quien desempeñaba funciones desde la anterior gestión municipal.
Sin embargo, Flores dijo que renunció a su cargo el jueves para que no surjan malentendidos y aclaró que su dimisión fue motivada por la “seguridad de su familia y el honor personal”.
Entre otras investigaciones, se conoció que la esposa de uno de los implicados trabajaba en la Cooperativa Jesús Nazareno, donde se pagaba sueldos a los funcionarios y en donde también se hizo el pago de los ítems.
