Juan Pablo Ibáñez, uno de los abogados de las tres víctimas acribilladas en el municipio de Porongo, Santa Cruz, el 22 de junio, calificó de “catastrófica” la decisión de trasladar a Misael Nállar, principal acusado del hecho, de la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, a Palmasola.
La decisión fue asumida el martes por el juez Rodrigo Vedia, de la jurisdicción de La Guardia, que consideró que la vida de Nállar corre peligro en el penal de Chocnchocoro.
“Lo que ayer pasó (la decisión del traslado) es una resolución Catastrófica. Nos dio el mejor regalo ayer (ironizó), siendo el cumpleaños del señor Eustaquio Alanes, uno de los fallecidos”, dijo en entrevista con Unitel.
Nállar, principal acusado del asesinato de dos policías y un voluntario del Gacip el 22 de junio pasado, buscó ser recluido en Palmasola desde que comenzaron las investigaciones, pero fue el mismo juez que impidió aquello.
Por su parte, Jessica Echeverría, también abogada de las familias de las víctimas, había anticipado que esto podía suceder y denunció supuestas irregularidades en el accionar de la justicia para beneficiar Nállar, que además es investigado por ganancias ilícitas, a raíz de las investigaciones.
El hecho de sangre coincidió con el feriado nacional por el Año Nuevo Andino Amazónico, el 22 de junio, cuando los sargentos Eustaquio Alanes y Alfonso Chávez se encontraban patrullando la zona del Urubó en el municipio de Porongo, a unos 54 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.
El vehículo policial en el que se transportaban, según las investigaciones, sufrió un “desperfecto” y David Candia, miembro del Grupo de Apoyo Civil a la Policía Boliviana (GACIP) los fue a auxiliar. Los tres uniformados luego fueron asesinados, según la hipótesis de la Policía, por Nállar y sus acompañantes.
Investigado por ese hecho, Misael Nállar se encuentra detenido preventivamente, al igual que su hermano Widen y el colombiano Esteban Beltrán Muñoz.
