El caso denominado Prestín es uno de los procesos que enfrenta Sosa. Sufrió una descompensación tras la determinación judicial por la cual seis bienes de su propiedad fueron embargados por la Justicia.
Dos noticias opuestas de un día para otro. El jueves, Angélica Sosa había recibido medidas sustitutivas por un caso y ayer un juez ordena el embargo de seis bienes de su propiedad como parte del proceso denominado caso Prestín I.
Ante la noticia, la exalcaldesa interina sufrió una descompensación que derivó en su internación en el hospital San Juan de Dios. Posteriormente, se informó que dio positivo a la prueba de COVID 19, por lo cual se mantiene internada y en observación médica.
Según testigos, el incidente se dio luego de que el juez anticorrupción, Primo Flores, determinara el embargo. Hubo un reclamo airado de Sosa al juez, quien la echó de su oficina, la amenazó con arresto, le impuso una multa y advirtió con elevar un informe a la dirección penitenciaria.
En ese momento, la imputada sufrió la descompensación y fue atendida por su custodia policial, que luego la trasladó al hospital.
“La incautación de mis bienes, patrimonio mío y de mis cuatro hijos. (Fueron) adquiridos en el año 98 y que consta en derechos reales. Esto es una manipulación”, alcanzó a argumentar Sosa antes de ser llevada al centro médico.
CASOS.
“Se ha logrado que el juez ordene incautar los bienes inmuebles y pasen a Dircabi para que se pueda resguardar la reparación del daño realizado a la Alcaldía con los hechos irregulares”, manifestó Felipe Molina, asesor jurídico de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.
Los bienes son todos inmuebles.
Se trata de un terreno en la zona de Los Cusis, además de cuatro departamentos, ubicados en la zona norte de la capital cruceña, y un fundo rústico de 140 mil metros cuadrados, ubicado en El Torn, más precisamente en la comunidad de Limoncito. Funcionaba como centro turístico.
Sosa se encuentra detenida desde el 21 de diciembre del año pasado, y en el caso de los ítems fantasma recibió una orden de detención por 90 días en abril pasado, que fue modificada el jueves por medidas sustitutivas.
Sin embargo, otro proceso en el que es investigada por la firma de 1.205 contratos irregulares durante la época de campaña electoral en 2021, recibió una orden de ampliación de la detención preventiva en julio pasado y por 120 días.
