Acusada de manejos irregulares de recursos del Sistema Único de Salud (SUS), Soledad Chapetón, exalcaldesa de El Alto, deberá cumplir detención preventiva por un mes tras una decisión de la Justicia, que la municipalidad alteña considera leve y pretende apelar.
“Consideramos que la medida adoptada por la autoridad jurisdiccional es mínima, no nos convence la detención preventiva de un mes, mínimamente debió ser de seis meses”, aseveró el director general de Asesoría Legal de la Alcaldía de El Alto, Isaac Mauricio.
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El gobierno municipal acusa a la exautoridad de un daño económico de al menos Bs 140 millones. La denuncia señala que Chapetón utilizó dinero del SUS para pagar salarios y otros, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
“En plena pandemia, los recursos económicos destinados al área de salud fueron mal utilizados, debieron ser utilizados exclusivamente al área de salud, como compra de medicamentos, contratar personal de salud o infraestructura, entre otros, pero fueron destinados para pagar salarios, proyectos de inversión y otros”, explicó Mauricio.
La audiencia cautelar se desarrolló este viernes en El Alto, Chapetón es investigada en este caso por los delitos de conducta antieconómica y malversación de recursos económicos.
“Estos recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) solamente pueden ser destinados para las áreas de salud, educación y seguridad ciudadana”.
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El monto exacto que la exautoridad habría desviado del uso para salud a una aplicación de salarios y otros aún se cuantifica, empero, la Alcaldía de El Alto denuncia que el daño asciende a al menos Bs 140 millones.
“Son 140 millones aproximadamente, son esos recursos que si bien podían haber ellos devuelto, no lo han hecho y nos han dejado a nosotros (actual administración edil), sin esos recursos”.
Este es uno de los tres procesos que enfrenta Chapetón por presuntas irregularidades durante su gestión; los otros dos corresponden al pago de una obra presuntamente inconclusa de drenaje pluvial de la avenida Juan Pablo II y el otro por el manejo del Plan Operativo Anual (POA).
La exautoridad cumple actualmente detención domiciliaria por estos dos casos, se espera su traslado al penal de Obrajes, donde la Justicia decidió su detención preventiva por un mes.
