El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Jhonny Chávez, informó que existe un “plan” para garantizar la libre circulación de ciudadanos si se confirma el paro en Santa Cruz.
Dicho plan también busca evitar posibles enfrentamientos en la jornada anunciada por los miembros del Comité Interinstitucional en rechazo del Censo de Población y Vivienda en 2024.
“Veremos que llegue ese día (del paro). Ya tenemos elaborado un buen plan; todo este plan está diseñado sobre la base de cumplimiento de nuestra misión constitucional, el respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales”, explicó el jefe policial a Gigavisión.
Le puede interesar: Richter a Santa Cruz: ‘Queremos un diálogo sin ultimátum y sin condiciones’
El Comité Interinstitucional de Santa Cruz lidera la exigencia para que el censo de Población y Vivienda se realice en 2023.
Dicha organización cuenta con el apoyo del Comité pro Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y el respaldo político del gobernador Luis Fernando Camacho.
En conjunto enviaron a la comisión de técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la representación gubernamental una “propuesta técnica” para adelantar los tiempos del Censo.
Esa propuesta fue rechazada por que se consideró que “el documento presentado no tiene nada de técnico” y, al contrario, “tiene tintes políticos”.
Dos días después, se desarrolló el cabildo regional, en el que se determinó un “paro indefinido” si el Gobierno no abrogaba el Decreto 4760 y dieron un plazo de 21 días.
El 11 de octubre se instaló una mesa técnica en Santa Cruz que, a insistencia de esos sectores, se desarrolló en esa capital, con la presencia de expertos y, además, la transmisión del encuentro.
Pero los movilizados decidieron no asistir y condicionaron la abrogación de dicho decreto para ser parte del diálogo.
“Se espera que no exista confrontación y enfrentamiento, que tanto transportistas, gremiales, usuarios y peatones puedan transitar conforme a su derecho, que es la libre locomoción”, insistió Chávez.
Varios sectores, principalmente los empresarios y gremiales, condenaron la convocatoria al paro y aseguraron que esa medida “va en desmedro de la clase trabajadora”.
Además desde el Gobierno advirtieron que la paralización de actividades significará una pérdida de $us 36 millones diarios.
