Tras la evaluación de una apelación, la Justicia determinó este viernes suspender las medidas sustitutivas en beneficio del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, quien ahora deberá volver a cumplir detención domiciliaria por presuntas irregularidades en el proceso para la compra de 41 ambulancias.
“En audiencia de apelación a la modificación de medidas cautelares, el Vocal de la Sala Penal Tercera de Potosí declaró procedente el recurso interpuesto por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, y el Ministerio Público en el caso Ambulancias”, informó el Ministerio de Justicia.
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Mamani, quien pasó de tener que presentarse una vez a la semana ante la Fiscalía a una vez al mes, entre otras flexibilidades, tendrá que ahora cumplir el arresto domiciliario que dispuso la Justicia en octubre del año pasado.
“(…) se dispuso revocar las medidas alternativas otorgadas al gobernador Jhonny Mamani Gutiérrez en fecha 29 de diciembre de 2022 y mantener la resolución de fecha 3 de octubre de ese año, con las medidas cautelares establecidas”, comunicó el ministerio.
En el marco de la investigación por presunta corrupción en la adquisición de 41 ambulancias, el gobernador, del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue imputado y puesto ante un juez en octubre de 2022. La determinación fue su detención domiciliaria, salidas laborales y presentación una vez a la semana ante la Fiscalía, entre otras condiciones.
No conforme con esta decisión, la defensa de la autoridad apeló la determinación. Logró que en diciembre se apliquen medidas sustitutivas y el arresto domiciliario quedó sin efecto. Mamani solo tenía que presentarse una vez ante la Fiscalía.
GOBERNADOR
La nueva determinación de la Justicia deja ahora sin efecto esta última decisión. El gobernador debe cumplir la detención mientras duren las investigaciones. Se indaga también a otros exfuncionarios de la gobernación por este hecho.
El gobernador de Potosí se encuentra investigado por el proceso presuntamente irregular para la compra de 41 ambulancias. Varios puntos llamaron la atención y hacen presumir corrupción en esta intención de adquisición. Entre estos existiría un acta de recepción de los vehículos, aunque no llegaron al departamento ni fueron distribuidos.
Asimismo, cuando los motorizados arribaron a Chile se constató que eran reacondicionados. Aparte, si bien se frenó el proceso de compra, supuestamente no se ejecutó una boleta de garantía. El monto previsto para esta adquisición era de Bs 20,5 millones.
