El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra de Elizabeth J. A., madre de Maricruz Ribera y suegra del exalcalde de La Paz Luis Revilla. La mujer es investigada por presunta legitimación de ganancias ilícitas.
De acuerdo al documento de la Fiscalía al que tuvo acceso La Razón, en las investigaciones que se realizan dentro del proceso que se le sigue a Revilla, se detectó que Elizabeth J. A. realizó movimientos bancarios “sospechosos” y venta de inmuebles.
“(…) Se ha establecido la existencia de suficientes elementos de convicción de que la sindicada es con probabilidad autora del ilícito investigado, tomando en cuenta que de acuerdo al informe de Inteligencia Financiera (UIF) y los informes de las entidades bancarias donde señala que la ciudadana Elizabeth J. A. tendría operaciones sospechosas y giros del extranjero relevantes, de países exóticos desconociendo los vínculos que tendría la sindicada con las empresas extranjeras”, señala parte del documento.
Sigue: “Asimismo, los depósitos relevantes que tendría por anticrético o venta de bienes inmuebles de los que se desconoce su forma de adquisición”.
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Revilla es investigado por un supuesto sobreprecio en la adquisición de los buses PumaKatari. Ese caso fue develado en 2021, a instancias de Jesús Vera, entonces titular de la Federación de Juntas Vecinas (Fejuve) de La Paz.
El dirigente denunció que Revilla estaba implicado en la adquisición de 61 buses PumaKatari con un supuesto sobreprecio de más Bs 26 millones.
DENUNCIA
Ante esa denuncia, el Ministerio Público inició las investigaciones y citó a Revilla a declarar, pero el acto judicial no ocurrió debido a la ausencia del acusado.
El 29 de enero de 2023, Revilla se declaró en la “clandestinidad”, abandonó el país y fugó de las autoridades judiciales que lo convocaron.
La Fiscalía presentó la imputación en contra de Revilla el 17 de octubre de 2022. Lo acusó de la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias.
Además, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado. Una conducta antieconómica e incumplimiento de deberes también son parte de la presunta compra irregular en la gestión 2012.
