La indignación y el pedido de justicia embargan a Potosí. Una niña de solo 10 años no solamente fue agredida sexualmente, sino que como consecuencia está ahora embarazada. El acusado de este crimen es un regente (39 años) del colegio de la pequeña, en Uncía.
“Lamentablemente hemos registrado otro hecho de agresión sexual a una menor de apenas 10 años. Resulta que la menor se estaba formando en una unidad educativa del municipio de Uncía y es interceptada por el regente de su unidad educativa; y este sujeto la va abordando”, informó la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque.
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El avance de este hombre habría sido paulatino, hasta que consumó la agresión sexual.
El caso fue de conocimiento de los padres de la víctima y luego de las autoridades. El sindicado está ahora aprehendido y en espera de su imputación. “Estamos requiriendo la medida extrema que es la detención preventiva en el penal de Uncía”, informó Choque.
NIÑA EMBARAZADA
Sin embargo, aunque el repudio a este hecho es masivo, un grupo de personas, entre ellas integrantes de la federación de trabajadores de educación urbana, organizó una marcha con el presunto fin de defender al acusado de esta violación y criticar la decisión en favor de la menor de edad.
Este hecho lo repudió la Defensoría del Pueblo; que exigió el cumplimiento de los derechos de la niña que a su corta edad enfrenta un embarazo.
“Alarma la manifestación pública del Comité Ejecutivo de la Federación Regional de Trabajadores de Educación Urbana de Uncía, que en una asamblea general y marcha habría salido en defensa del supuesto agresor (regente de la unidad educativa). Rechazamos todas las expresiones que violentan los derechos de la víctima y su entorno familiar”, expresó la Defensoría del Pueblo, en un pronunciamiento.
Al magisterio de Uncía, la institución le pidió, más bien, apoyar la prevención de la violencia en todas sus formas, con prioridad en el ámbito educativo. “Aspecto que no se cumplió en este caso; porque se revictimiza, amedrenta, intimida y pone en riesgo la integridad y seguridad de la niña”, dicta el pronunciamiento.
Demandó también una investigación “exhaustiva y transparente” en este caso. La Defensoría del Pueblo comprometió el seguimiento a este crimen. “Expresamos nuestra total solidaridad y apoyo con la niña víctima y su familia; ya que la seguridad y bienestar de la niñez y adolescencia es un imperativo legal y ético”.
