La violencia contra la mujer fue una constante en las últimas cinco gestiones en el país, al punto de llegar a marcar un promedio de un feminicidio cada cuatro días. Esto se determinó gracias al segundo informe presentado este miércoles por el Observatorio Defensorial Judicial.
“Si hacemos un promedio desde la gestión 2019 hasta agosto de 2023 podríamos afirmar que cada cuatro días una mujer es víctima de feminicidio, elevándose esta cifra cuando se trata de feminicidio en grado de tentativa”, informó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya; en la presentación.
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El informe fue elaborado y presentado por la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE). Este trabajo del Observatorio Defensorial Judicial (ODJ) compila información sobre la situación de procesos judiciales en casos de feminicidio, tentativa de feminicidio, infanticidio, tentativa de infanticidio y violencia sexual contra infantes, niñas, niños y adolescentes.
FEMINICIDIO
Los datos reflejaron una disminución, entre 2022 y 2023, de los casos de feminicidio e infanticidio. A punto de cerrar esta gestión, el informe develó que en 2022 se habían reportado 94 feminicidios, delito que bajó a 84 este año.
En cuanto a los infanticidios, en 2022 el dato llegó a 39 casos; mientras que para esta gestión se tuvo un total de 24. “Queremos alcanzar ese objetivo inicial que apunta a transparentar y lograr información que sea de fácil acceso para la población en relación a delitos de feminicidio tentativa de feminicidio, infanticidio, tentativa de infanticidio y violencia sexual”, dijo Callisaya.
Si bien la disminución en estos datos es positiva, no es suficiente, pues la violencia persiste. En ese sentido, al margen de la importante información del documento; se emitieron recomendaciones para conseguir que las cifras bajen al punto de poder erradicar estos delitos.
La ODJ recomendó a la Fiscalía a fortalecer sus oficinas departamentales e incorporar más psicólogos forenses; al TSJ continuar con el seguimiento, incidencia, verificación y priorización de los procesos penales de estos delitos; a la Defensoría del Pueblo, desarrollar campañas de prevención y socialización a nivel nacional en atención, entre otros puntos.
