Un problema conyugal derivó en la tortura y el despojo de sus bienes a una familia compuesta por tres miembros, padre, madre e hijo. El hecho ocurrió en Villa Tunari, Cochabamba, y apuntan como el principal autor al corregidor de esa región del Trópico, Wilfredo Lazarte Marquina.
Según el relato de las víctimas, en noviembre pasado, la pareja tuvo un problema conyugal y acudieron a la autoridad de esa región. Allí firmaron un documento para alejarse; sin embargo, días después decidieron continuar con su matrimonio.
Luego de hacerle conocer la decisión el corregidor Lazarte, éste pidió la suma de Bs 13.000 por desistir debido a “daños y perjuicios”, informó la directora del Género, Tatiana Herrera.
La pesadilla de la pareja comenzó tras negarse a pagar la cuantiosa suma, ya que el corregidor y sus seguidores los despojaron de sus bienes, su casa, un vehículo y otras pertenencias.
La pareja y su hijo fueron retenidos y llevados a una carceleta. Allí, amarrados y encerrados, los torturaron y golpearon durante dos días.
“Estábamos en el calabozo. Dos días estábamos ahí y nos hemos escapado a la una de la mañana. Hemos puesto nuestra denuncia en Villa Tunari, pero nadie nos hacía caso”, relató el denunciante, según la red Unitel.
Herrera relató que según las declaraciones de las víctimas, luego de escapar de la carceleta estuvieron en situación de mendicidad, pedían limosna y dormían en la calle hasta que lograron abandonar la población.
“Las secuelas de los episodios de tortura que vivió la familia son severas. El abordaje psicológico refiere a una afectación altísima. Niveles altos de ansiedad, angustia de lo que puede venir a futuro. Las víctimas no pueden dormir, el niño tardará años en recuperar su estabilidad emocional, su sonrisa”, informó la funcionaria.
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A pesar de que el hecho ocurrió en otro municipio, la Alcaldía de Cochabamba se hizo cargo del caso y de brindar protección a las víctimas.
CASO
El caso es de conocimiento de la Policía, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo; sin embargo no actúan conforme a sus funciones, puesto que después de una semana de conocido el hecho, no hay respuesta para proteger a las víctimas.
“El Ministerio Público tiene que hacerse cargo del caso, pero a pesar de tener conocimiento no se pronuncia. Tenemos a una fiscal departamental que sin bien ella reconoce la existencia de dos denuncias deriva el caso al órgano jurisdiccional sin decir nada más”, señaló la directora.
Acoto que en el caso de la delegada de la Defensoría del Pueblo “nos consigna hacer el trabajo que hemos hecho desde el día uno y no hemos tenido ninguna repuesta de Villa Tunari. Perdón delegada defensorial, la respeto mucho, pero usted no puede estar de mediadora entre lo que es el trabajo de la Alcaldía y Villa Tunari. Usted tendría que estar defendiendo los derechos de esta familia que ha sido vulnerada al extremo”, expresó.
La funcionaria municipal de la ciudad de Cochabamba anunció que acudirá a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y denunciará el hecho a nivel internacional, para que la familia encuentre justicia.
“No quiero pensar que sea al señor Evo Morales o sus agentes políticos (los que están involucrados en el hecho”.
Herrera anunció que se ampliará la demanda contra las personas que coadyuvaron en la tortura y se enviará el informe psicológico pericial que da cuenta que la familia está con una “afectación muy alta”, al punto que el menor de 13 años teme salir de su habitación.
Señaló que las víctimas están bajo resguardo.
