Momentos de tensión fueron los que se vivieron ayer, jueves, en el Concejo Municipal de Sipe Sipe, Cochabamba. Allí, una turba liderada por el dirigente vecinal Richard Olguín irrumpió en la sala de sesiones. Con agresiones físicas y verbales, obligaron a solicitar “licencia fija” a las concejalas Jhovana Beltrán y Aida Rodríguez.
Bajo el argumento de la falta de fiscalización a la gestión del alcalde de ese municipio, Félix Galarza, la turba, compuesta por hombres y mujeres, comunarios de los pueblos de Viloma Cala Cala, Sause Rancho y Parotani, se acercó a ambas concejalas con la carta de renuncia ya redactada, lista para firmar.
Las agresiones a las concejalas fueron enfrente de un contingente policial que nada hizo para detener los actos violentos de los enardecidos movilizados.
La concejala Aída Rodríguez denunció que recibió agresiones físicas y psicológicas. Su colega, Jhovana Beltrán, se descompensó y la evacuaron de la sala de sesiones en una camilla y llevada a un centro médico.
A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia se pronunció y expresó su repudio y rechazo a cualquier acto de violencia que socave los derechos de las mujeres en el país.
Activó el Mecanismo de Prevención y Atención para precautelar la integridad de las legisladoras.
“En cumplimiento al Artículo 5 del Decreto Supremo 2935, se activó el Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata contra el acoso y la violencia política. Se convocó a una reunión prevista para el 17 de enero de la presente gestión. El fin es agilizar las medidas para precautelar la integridad y vida de las concejalas Reina Jhovana Beltrán Huaranca y Eva Aida Rodríguez Carrasco, del municipio de Sipe Sipe, departamento de Cochabamba”, señala el comunicado del Ministerio de Justicia.
LEY 243
La Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política, en su Artículo 9 declara nulos los actos realizados por mujeres en la función política pública. Cuando los mismos hayan sido motivados por hechos de acoso y violencia política.
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La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, aseguró que “si bien el sistema de justicia prevé que diferentes instancias, en el caso, sea el Concejo Municipal, la Policía Boliviana, el Ministerio Público en el marco de sus competencias, tienen la obligación de proteger y atender a las concejalas».
“Es evidente que en el caso se observa un latente riesgo en la integridad y ejercicio de derechos de las mujeres. En este caso, las que están en función político pública. Se hace necesario reforzar su protección a través de una intervención diligente y articulada entre las distintas instancias estatales”, subrayó la autoridad.
Cruz exhortó a los agresores a cesar cualquier acto de violencia o acoso político como los registrados en la víspera.
